La directora del organismo abordó los cuestionamientos que, desde el mundo político, ha recibido el INDH, los que se han materializado este año en una querella contra consejeros, un requerimiento de destitución y una negativa presupuestaria.
La directora del Instituto, Consuelo Contreras, cuestionó el que el Ejecutivo no haya repuesto la partida, tras su rechazo en la Comisión Mixta de Presupuesto. Los recursos, en todo caso, podrían ser restablecidos en el Senado.
Entrega de suministro de agua potable por camiones aljibes, fortalecimiento de pozos profundos y plantas desalinizadoras de emergencia que privilegiarán el consumo humano, son parte de las medidas adoptadas.
Las agrupaciones destacaron que dicho organismo “ha estado bajo cuestionamiento por parte de los sectores cuyo interés es que este país siga siendo desigual, con impunidad de los poderosos y con la mayoría de la población impotente ante los abusos”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., Jab Jarab, envió una carta de apoyo a la directora de la institución nacional, Consuelo Contreras, tras la solicitud de remoción en su contra y del consejero Francisco Ugás.
Tras la votación, Contreras lamentó la postura de la Cámara y manifestó su “convicción de que las querellas presentadas han sido realizadas en el legítimo uso”. El proceso continuará en la Corte Suprema.
RN pidió la renuncia de la directora del INDH tras una acción judicial que tacharon de “jugada política”. La exdirectora del organismo defendió que “la corrupción afecta los DDHH”, en este caso, a la independencia de un tribunal.
La directora del Instituto Nacional de DDHH expuso sus críticas frente a la petición del fiscal general militar de que sea el pleno de la Corte Suprema la que zanje si el caso de Franco Vargas será visto por la justicia castrense o la justicia civil.
Por otra parte, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguraron que las declaraciones de su directora fueron a título personal, y que no se ha discutido algo parecido en el consejo de la institución.
Consuelo Contreras, planteó crear una mesa de diálogo sobre la violencia en la macrozona sur, donde la Coordinadora Arauco Malleco “podría estar siempre y cuando no realice actos violentos durante ese período”.
La directora del INDH consideró que los alcances de la propuesta entrega facultades excesivas a las policías mientras que una eventual víctima del mal uso de estas prerrogativas puede ser fácilmente considerada como delincuente.
Consuelo Contreras presentó los resultados preliminares de una nueva misión de observación en la zona de sacrificio. “En materia de medición de los niveles de contaminación, se ha avanzado de manera débil, casi nula.”, añadió.
La diputada socialista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Emilia Nuyado, se mostró escéptica con lo que pudiera ser Sergio Micco al mando del INDH, pues para le legisladora, su posición política de centro permitiría mayor condescendencia y cercanía con el gobierno de Sebastián Piñera.
A través de una carta dirigida a la directora de la entidad, Consuelo Contreras, los dirigentes de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos evidenciaron los hechos irregulares cometidos, principalmente, por dos jefes de unidad. En la misiva, los suscritos a la AFFINDH exigen tomar las medidas que correspondan y detener las violaciones laborales.
Consuelo Contreras, si bien valoró los esfuerzos de la institución uniformada en pos de derechos humanos, criticó el hecho de que sean los propios funcionarios policiales que instruyan a sus pares en la materia. Además, aseguró que los protocolos policiales deben ser revisados.
En el marco del lanzamiento del mapa de conflictos socio-ambientales 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos criticó la situación de contaminación permanente de Puchuncaví y anunció que presentará un recurso de protección por los habitantes de la zona. Asimismo, la directora, Consuelo Contreras, pidió que se le entreguen mayores facultades fiscalizadoras que, permitan más que recomendar, incidir en el actuar de las reparticiones del Estado en materias de derechos humanos.
La acción presentada por el senador Guido Girardi solicita investigar “la violación de los derechos humanos de los niños” que estaría cometiendo un sector de la industria alimentaria a través de publicidad “abusiva y engañosa”.
