Asimismo, la autoridad remarcó que “acá se aprovechó de una grieta que existe en el sistema institucional para sacar recursos para financiar supuestos proyectos que no valían lo que se estaba pagando por ellos”.
A juicio del Ejecutivo, el centro de la discusión recae en definir cuál es el sistema de rendición de cuentas en razón de que el actual estatuto jurídico exceptúa a Presidencia de la obligación, lo que podría sentar un precedente para el sistema.
En su exposición la autoridad señaló que es necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia para el uso de los recursos públicos, algo que ejemplificó con el caso de la fundación Democracia Viva vinculada a RD.
El presidente de la comisión investigadora anunció un oficio al SERVEL para indagar aportes del municipio de Vitacura a candidatos a parlamentarios en la elección de 2017 y dijo esperar que se decrete la prisión preventiva contra el exjefe comunal.
El abogado, político y ex rector de la casa de estudios fue homenajeado con una serie de actividades por su contribución a la Educación Pública, los principios de legalidad y como uno de los padres fundadores de la Contraloría General de la República.
El abogado se refirió, en entrevista con revista El sábado, al caso ligado a la subcontralora Dorothy Pérez. También, cuestionó cómo se condujo la investigación sobre el fraude en Carabineros.
Según el documento presentado ante el tribunal, la reincorporación de la ex funcionaria es “absurda y contraria a derecho de las normas legales”.
La tercera sala de la Corte de Apelaciones resolvió que las pertenencias y documentos que se encuentren en la oficina que utilizaba Dorothy Pérez no sean retirados por terceros y ordenó a la Contraloría no dictar nuevos actos administrativos relacionados con la declaración de vacancia del cargo a partir de esta fecha.
La información fue confirmada por el contralor Jorge Bermúdez, quien explicó que esta arista busca constatar el paradero de 20 millones de pesos.
La información fue dada a conocer por el contralor Jorge Bermúdez, quien agregó: “Hemos detectado que en algunos casos hay personas que han tenido incluso que pagar para poder obtener esa prestación”.
La contienda de competencia fue promovida por el contralor Jorge Bermúdez ante el conflicto por el traspaso de 1331 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica al sistema previsional administrado por Capredena. Los argumentos de Contraloría se basan en que el Poder Judicial tiene prohibición de mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.
Un nuevo episodio se vivió durante este miércoles en el conflicto entre Contraloría y Codelco por las atribuciones fiscalizadoras del organismo sobre la cuprífera, cuando el contralor Jorge Bermúdez aseguró en la comisión investigadora de la Cámara sobre eventuales irregularidades en la empresa estatal que existirían “visos de corrupción”, específicamente en las contrataciones de empresas de familiares de ejecutivos de la compañía.
El abogado y presidente de la organización, Julián Alcayaga, valoró la labor fiscalizadora que está ejerciendo el contralor frente a las eventuales irregularidades en Codelco como la indemnización de 511 millones de pesos a un ejecutivo renunciado de la empresa o los contratos por casi 800 millones de dólares con empresas de parientes de directivos de la cuprífera.
A través de una carta, el hijo del ex mandatario rechazó la invitación a la instancia a la cual calificó como un “show comunicacional”, además de acusar “ataques infundados” de parte de parlamentarios de la Nueva Mayoría. “Quiero cumplir mis responsabilidades como ciudadano, pero no estoy dispuesto a prestarme a este show comunicacional, con fines políticos y electorales”, aseguró Piñera Morel.
El organismo llevó a cabo esta acción en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por malversación de caudales públicos y lavado de activos.
El organismo fiscalizador realizó una presentación ante el Tribunal Constitucional en orden a zanjar la contienda de competencias que planteó el contralor contra los tribunales de justicia, en orden a definir qué institución es la que debe determinar el régimen de pensiones de los trabajadores de la DGAC.
Frente a la contienda de competencias que presentó el contralor Jorge Bermúdez ante el Senado para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones que obliga a traspasar a los funcionarios de la DGAC desde las AFP a Capredena, los trabajadores calificaron como “perniciosa” su actitud y de faltar a la verdad cuando presenta las cifras que le costarían al Estado esta transferencia.
