El Tribunal establece que la comunidad Toconce tiene la propiedad de los derechos de aguas captadas a través de vertiente y rechaza acciones contrarias interpuestas por Aguas Antofagasta y Soquimich S.A.
A la audiencia ante la CIDH asiste una delegación con representantes indígenas y de sociedad civil que forman parte de las entidades peticionarias de los tres países, además del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.
Diversas críticas se abordaron durante el Seminario: “El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. En la oportunidad representantes del estado, de las comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales y privados concluyeron en que aún quedan muchas falencias que mejorar para adecuar el proceso de Consulta a los estándares internacionales.
Pasados seis años de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las autoridades confirmaron su compromiso con el desarrollo de la Consulta Indígena y darle así continuidad al instrumento. Con esto echaron por tierra la posibilidad de “retirarse” del acuerdo. Mientras, especialistas y dirigentes indígenas insistieron en la importancia de la herramienta y la necesidad de seguir adecuándose a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Nuevas propuestas han surgido desde la institucionalidad chilena para abordar la autonomía de los pueblos indígenas como una vía de solución al aumento de las tensiones, sobre todo en el sur. Pero ¿qué es exactamente la autonomía?, ¿cuáles son sus límites?, ¿el Estado y los dirigentes indígenas la entienden de la misma manera?
En el marco de la celebración del comienzo de un nuevo ciclo para los pueblos indígenas, comunidades Huilliches se reunieron con integrantes del Consejo de Defensa del Archipiélago de Chiloé, con el objetivo de insistir en su rechazo al proyecto de construcción de un puente sobre el Canal de Chacao.
El intendente de la región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla solicitó una reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para analizar cuáles serían las acciones a seguir por parte del Gobierno, pero debido al mega incendio que dejó sin casa a doce mil 500 personas en Valparaíso, la reunión se efectuó con el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy.
El primer proceso de consulta indígena en la Isla busca resolver el futuro de los terrenos pertenecientes al fundo Vaitea. Representantes locales acusaron falta de participación y garantías establecidas por el Convenio 169, entre otras críticas.
A los Tribunales Ambientales llegarán parlamentarios, ambientalistas y organizaciones indígenas para impugnar el reciente fallo del Tribunal Constitucional que descartó la posibilidad de revisar el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Los dirigentes señalan que este decreto viola la convención de Washington, que protege a las especies silvestres y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece su derecho a ser consultados.
El Gobierno cumplió el compromiso suscrito por el ministro de Energía, Jorge Bunster, de presentar un veto supresivo al proyecto de ley de concesiones eléctricas que elimina los artículos relativos a la Consulta a los Pueblos Indígenas y la protección a las Áreas Silvestres con la finalidad de facilitar la aprobación de la iniciativa en el Parlamento.
La correcta incorporación de los derechos del Convenio 169 de la OIT, para así avanzar en el reconocimiento político, cultural y práctico de los pueblos originarios son un tema de preocupación en organismos nacionales e internacionales. Lograr representatividad parece central en la solución de un conflicto sin soluciones.
El INDH emitió un comunicado donde destaca las garantías de las personas privadas de libertad, además de las obligaciones del Estado para la libertad de credo, aun cuando se trate de quienes están en la cárcel. En este sentido, apoyó la gestión del Ministerio Público y Gendarmería, por su asistencia a mapuches que cumplen con condenas en distintos penales.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Los Ríos informó que en los próximos días se iniciará una consulta indígena para recabar opiniones respecto de la central hidroeléctrica y la línea de transmisión del proyecto Neltume de Endesa-Enel. Desde la Seremi del Medio Ambiente de Los Ríos precisaron que el mismo SEA será el encargado […]
El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, se reunió en La Moneda con representantes de nueve grupos indígenas del país, en la agenda de implementación del Convenio 169 de la OIT, que establece consulta obligatoria ante proyectos relacionados con su entorno directo. Tanto el ministro como los representantes subrayaron en la validez de este Tratado Internacional.
Aucán Huilcaman, vocero de organizaciones mapuche, anunció la posibilidad de la confirmación de un autogobierno mapuche, en respuesta a la falta de acuerdos con el Estado sobre el mecanismo de consulta a los Pueblos Mapuche que define el convenio 169 de la OIT. Mientras el Ejecutivo y el Poder Legislativo buscan establecer un calendario de trabajo sobre la materia.
Este jueves la Organización Internacional de Trabajo (OIT) publicó su Informe de Observaciones 2013, que en su capítulo dedicado a la aplicación del Convenio 169 hace una evaluación de la consulta realizada en la elaboración del nuevo reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que actualmente se encuentra en Contraloría. Al respecto, y pese a las presentaciones del gobierno que pretendían certificar lo que en sus palabras llamaron la posibilidad de “influencia” indígena, durante el proceso de evaluación ambiental, la OIT pidió a Chile un reglamento que asegure la eficacia de la consulta, la participación y la cooperación con los pueblos indígenas, que se establecen en los artículos 6 y 7 del Convenio.
Una Ley Araucanía, Consejo de los Pueblos e implementación del Convenio 169 de la OIT están entre las propuestas en las que avanzará el Ejecutivo con el apoyo casi transversal de los parlamentarios de la zona. Sin embargo, dirigentes mapuches manifestaron su insatisfacción con las medidas, ya que no contemplarían la deuda histórica ni el petitorio de la Cumbre de Ñielol.
