La secretaria de Estado expuso en el Congreso Nacional y dijo que se enteró el 20 de septiembre del hackeo que afectó al Estado Mayor Conjunto, EMCO, y la filtración de más 400 mil correos institucionales.
Maya Fernández informó las acciones que ordenó luego que se conociera el hackeo de miles de mails del Estado Mayor Conjunto. Parlamentarios pidieron la asistencia de la ministra y valoraron la renuncia del jefe de la instancia castrense.
La Subsecretaría de Salud tiene cinco días hábiles para cumplir con la decisión de la novena sala fechada este lunes 31 y permitir el acceso a mails enviados y recibidos de cuentas institucionales del ministro Paris, el ex ministro Mañalich, la ex subsecretaria Daza y otras autoridades del Minsal durante la emergencia sanitaria.
A juicio del Consejo, los antecedentes requeridos “fueron generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas”, y desestimó las alegaciones asociadas a una afectación de los derechos de los terceros involucrados.
Argumentando imposibilidad de realización de una tarea que requiere dedicación exclusiva de funcionarios con las competencias para ello y bajo las medidas de seguridad necesarias, el ministro Paris pidió al Tribunal una prórroga de 42 días para cumplir con lo ordenado. Para Gonzalo Bacigalupe, experto en salubridad pública, esta solicitud buscaría “esconder o distorsionar la realidad” del manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno.
Los textos muestran materiales relacionados con lo personal y el trabajo de Hillary Clinton como secretaria de Estado.
Este miércoles se inaugura la muestra “Sin final” de José León y Emilia Rojas. En el salón se exhiben las conversaciones que tuvieron mientras planeaban sus obras.
Parlamentarios y funcionarios del Gobierno entrante se indignaron por la promulgación a última hora de un decreto que deroga la norma que obligaba a guardar correspondencia digital de funcionarios públicos por seis años. Personeros de la Nueva Mayoría denuncian que, al menos, habría un conflicto ético incoherente con la transparencia que promueve el Estado.
En un fallo sin precedente, la Corte Suprema ordenó al Gobierno entregar correos electrónicos del ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, referidos al proceso de modificación de contratos del plan Transantiago y el otorgamiento de nuevos recorridos. El fallo también alcanza a la subsecretaria del ramo y el coordinador del Transantiago. El Consejo para la Transparencia reiteró su doctrina mayoritaria según la cual los correos electrónicos enviados desde servidores del Estado constituyen información pública y no un ámbito de la vida privada.
Acceso a correos electrónicos de autoridades públicas podría convertirse en nuevo derecho ciudadano, aunque con importantes limitaciones. Lo anterior, a causa de un acuerdo preliminar entre el Gobierno del Presidente Piñera, que a la fecha se ha negado totalmente a entregarlos, y el Consejo para la Transparencia, que defiende el derecho ciudadano de acceder a esta información.
Este jueves se llevaron a cabo en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago los alegatos del caso que discute la publicidad o privacidad de los correos institucionales del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet. Durante su argumentación, Fundación Pro Acceso –que representa a Juan José Soto, requirente de los […]
