Ahora la Comisión de Constitución deberá informar a la Sala que Carroza cumple las condiciones para integrar el máximo Tribunal del país.
Mario Carroza es profesor de Filosofía y abogado de la Universidad de Chile. Ingresó al Poder Judicial el año 1977, y desde entonces, ha ejercido diversos cargos.
En un fallo que ha causado polémica, el Máximo Tribunal reconoció insinuaciones, amenazas y tocaciones no consentidas realizadas por un operador de justicia contra subalternas, sin embargo, descartó que esto fuese acoso sexual.
El Ministerio Público ya obtuvo una orden judicial para acceder a los correos electrónicos de las autoridades sanitarias, sin embargo el ministro Paris se opuso a la diligencia argumentando la reserva especial de tales mensajes.
Por 28 votos a favor y 14 en contra los senadores y senadoras decidieron rechazar la propuesta del Presidente Sebastián Piñera.
El caso Los Queñes fue el que centró la atención durante la sesión de la comisión desarrollada esta miércoles. Según el candidato a ocupar la plaza vacante en el Máximo Tribunal, las características que debe revestir un ministro están relacionadas con la imparcialidad, la ponderación de las pruebas y la aplicación del derecho.
El rol desempeñado por el cuestionado ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causas de DDHH, tanto de hechos ocurridos durante la dictadura como más recientes, en materia ambiental, ha levantado voces de rechazo ante su nominación. “Precisamente donde hemos visto avances en la Suprema se propone a un juez que tiene visiones restrictivas”, señaló Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de DD.HH de la Universidad de Chile
Este jueves se cumple un año de la sentencia del Máximo Tribunal que determinó 15 medidas a implementar para prevenir intoxicaciones en la zona.
El fallo ordena, además, la investigación de una eventual colusión en los precios de cerdo, pavo, lácteos y vinos.
En Antofagasta, un trabajador extranjero interpuso un recurso de protección con el fin de retirar los fondos ahorrados durante su permanencia en Chile. La AFP negó tal derecho, argumentando falta de documentación, lo que, según los expertos, constituye una ilegalidad.
En fallo dividido la Cuarta Sala del máximo tribunal del país estableció fraude legal en el contrato de arriendo por 99 años suscrito por el propietario del terreno y un particular ajeno a la etnia.
El persecutor no descartó su renuncia y expresó que tal decisión debería ser comunicada a la fiscalía a más tardar la primera semana de marzo para evitar mantener la incertidumbre en el órgano de investigación. Su abogado, Cristóbal Osorio, señaló que la sentencia de la Corte Suprema “deja sin argumentos la arista penal”.