Este jueves se cumple un año de la sentencia del Máximo Tribunal que determinó 15 medidas a implementar para prevenir intoxicaciones en la zona.
El fallo ordena, además, la investigación de una eventual colusión en los precios de cerdo, pavo, lácteos y vinos.
En Antofagasta, un trabajador extranjero interpuso un recurso de protección con el fin de retirar los fondos ahorrados durante su permanencia en Chile. La AFP negó tal derecho, argumentando falta de documentación, lo que, según los expertos, constituye una ilegalidad.
En fallo dividido la Cuarta Sala del máximo tribunal del país estableció fraude legal en el contrato de arriendo por 99 años suscrito por el propietario del terreno y un particular ajeno a la etnia.
El persecutor no descartó su renuncia y expresó que tal decisión debería ser comunicada a la fiscalía a más tardar la primera semana de marzo para evitar mantener la incertidumbre en el órgano de investigación. Su abogado, Cristóbal Osorio, señaló que la sentencia de la Corte Suprema “deja sin argumentos la arista penal”.
El caso Arias partió en abril del 2019, luego de que el persecutor adjunto de Rancagua, Sergio Moya, lo acusara de una serie de irregularidades.
Además, se anunció que la sentencia se dará a conocer el 13 de febrero a las 13:30 horas.
Las penas van desde los diez años a los trece años de presidio para los autores materiales e intelectuales.
El magistrado fue elegido por 18 votos a favor. Además, encabezará el cargo durante el periodo 2020-2022.
El fallo fue dictado por el ministro Sergio Muñoz, las ministras María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, y por el abogado integrante Jorge Lagos, votando en contra el abogado integrante Rafael Gómez.
En la jornada, el secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. “Tuvimos una muy buena conversación para intercambiar información, impresiones, pero fue un encuentro donde se ha reafirmado el compromiso con la agenda de los derechos humanos en el centro de la atención y la preocupación con la vida de las personas”, dijo el representante del organismo internacional.
El máximo tribunal ordenó poner fin a la medida cautelar de privación de libertad. Veloso Codocedo continuará enfrentando el proceso administrativo interno del Ejército por el delito de desobediencia.
