La empresa farmacéutica solicitó su derecho de aclarar y rectificar ciertos contenidos para “intentar detener el daño” que han generado algunas publicaciones respecto a la implementación de la Ley de 40 horas.
Desde la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, hicieron un llamado al Gobierno a que tome medidas rígidas frente al incorrecto proceder de la reducción de la jornada laboral de parte de las empresas farmacéuticas.
La Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias tomaron contacto con la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, y el director del Trabajo, Pablo Zenteno Muñoz, para fiscalizar desde el lunes próximo a estos establecimientos.
El monto acordado por las empresas será de 22 mil pesos.
Pese a que dicha práctica está prohibida por la Ley de Fármacos I, dirigentes sindicales del rubro acompañados de senador Guido Girardi, informaron que los incentivos no han desaparecido. Ocultar los medicamentos de menor valor y no exhibir los precios correspondientes, son otras de las irregularidades a las que son obligados por parte de las principales cadenas farmacéuticas.
La resolución absolutoria para los diez acusados de colusión en el Caso Farmacias, abrió un debate sobre el rol del Ministerio Público en la investigación, la legislación que permite investigar y sancionar este tipo de carteles y cómo se aplica la justicia en los delitos denominados “de cuello y corbata”.
El Sindicato de Trabajadores de Cruz verde llevan más de un mes en huelga legal, casi 40 días en paro. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Pedro Beltrán, presidente del sindicato de esa empresa, explicó los trasfondos del conflicto.
Más de un mes de huelga llevan los trabajadores de Farmacias Cruz Verde y aún la empresa no responde a sus demandas de un reajuste salarial y el fin de los bonos por metas de ventas mensuales. Trabajadores piden que autoridades fiscalicen segunda etapa de la implementación de la Ley de Fármacos, la que regularía sus remuneraciones.
En el contexto del paro de trabajadores de la cadena de farmacia Cruz Verde y las denuncias de que se sigue violando la legalidad vigente en medicamentos, organizaciones de la salud y parlamentarios criticaron al Gobierno por la falta de fiscalización de irregularidades.
La Corte de Apelaciones determinó que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) podrá hacerse parte de la demanda de los consumidores afectados por las infracciones cometidas por Cruz Verde, Fasa y Salco Brand.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó los alegatos por la admisibilidad de la demanda colectiva presentada por el Caso de Colusión de Farmacias. Las tres empresas involucradas creen que la acción es improcedente, mientras que las partes acusantes reivindican el derecho a la solicitud de indemnización para los afectados.
Para el 30 de agosto a las 13 horas se fechó la sentencia sobre el caso de farmacias coludidas, mediante el cual una de las partes querellantes pide que se anule el acuerdo del Ministerio Público y los ex ejecutivos que los obliga a asistir a clases de ética. Lo que se busca es que los 10 ex gerentes generales, de área y otras jefaturas, sean sometidos a juicio oral.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la propuesta del Ministerio Público y decretó la suspensión condicional del procedimiento contra los 10 imputados del caso “colusión de las farmacias”. La adulteración fraudulenta de precios en la que incurrieron estas personas sólo será sancionada con una compensación económica, ascendente a 250 millones de pesos en total, y una serie de requisitos conductuales.
la Fiscalía ofreció una salida a este litigio mediante la suspensión condicional del procedimiento, esto quiere decir que los 10 imputados deberán pagar una suma de dinero a beneficio fiscal, que ascendería en total a $ 200 millones. De esta manera el proceso queda suspendido, bajo condición que se cumplan una serie de requisitos económicos y penales.
Según ha trascendido, la Fiscalía ofrecería una salida a este litigio mediante la suspensión condicional del procedimiento, esto quiere decir que los 10 imputados deberán pagar una suma de dinero a beneficio fiscal, que ascendería en total a $ 200 millones.
Los montos se dividirán en dos grupos de afectados: los que tuvieron que pagar más por sus medicamentos y los que se vieron obligados a suspender sus tratamientos por las alzas concertadas. El director del servicio afirmó que las multas aplicadas por la justicia fueron de beneficio fiscal, por lo que ahora se busca indemnizar a los afectados.
