La investigación por un supuesto pago al parlamentario para perjudicar a figuras del PS abrió un nuevo flanco que alcanzó al entorno del presidenciable. Mientras el oficialismo le exige rigor a la Fiscalía, la derecha llamó a no adelantar juicios.
La revelación de CIPER sobre un pago de $1,7 millones asociado a Sergio Yáber reactivó tensiones en el Congreso. Mientras Araya niega las imputaciones, Manouchehri y Cicardini acusan una red que habría operado para dañar sus reputaciones.
El alcalde de Copiapó, padre de la diputada, afirmó que “el exmagistrado Antonio Ulloa tejió una red de influencias en la Región de Atacama, que alcanzaba a la propia fiscalía regional”.
Gonzalo Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas seguirán detenidos hasta el viernes, mientras la Fiscalía indaga una red de cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos vinculada a la exministra de la Corte Suprema.
Durante la cuarta sesión de la comisión revisora del libelo acusatorio, el abogado del magistrado, Domingo Hernández, cuestionó la solidez de los argumentos jurídicos del texto presentado por el oficialismo.
El parlamentario defendió la acusación constitucional que apunta al juez de la Corte Suprema vinculado con Luis Hermosilla. Para el diputado socialista, el magistrado cayó en una “vulneración constante de sus deberes”.
Los congresistas manifestaron su disconformidad con el veredicto de la Corte Suprema, afirmando que “la justicia no puede estar capturada por redes oscuras”. Además, apuntaron que el texto acusatorio podría ampliarse a otros supremos.
La falta de condena del republicano ha sido materia de críticas desde el oficialismo, tildándolo incluso de “cobarde”. En el análisis de fondo, expertos sostienen que su campaña “se enredó” al no dar respuestas claras frente al caso.
Diputados oficialistas anunciaron que presentarán la acción legal ante Fiscalía para que se investigue la existencia de redes organizadas de desinformación que podrían configurar delitos informáticos y asociación ilícita.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró su postura en contra de la iniciativa presentada por el PS. Mientras, el autor de la legislación, Daniel Manouchehri, instó a discutir los cobros en Unidad de Fomento en educación, arriendos y salud.
Durante la discusión en el Congreso sobre obligatoriedad del voto de migrantes, el parlamentario del PS aseguró que la oposición busca convertir al país en “Chilezuela” y que “no queremos que nuestra política sea de arepa y ron”.
A pocos días de las primarias, continúa la tensión en el oficialismo a raíz de un controversial video compartido por parlamentarios socialistas, en el que cuestionan la gobernabilidad del Presidente Boric relevando el rol de Tohá en el Ejecutivo.
Daniel Manouchehri (PS) puso sobre la mesa la eliminación de los días en terreno de los diputados. Eric Aedo (DC) instó a cambiar las normas de la Corporación y Henry Leal (UDI) exigió a los involucrados dar “explicaciones”.
Mientras los clubes piden el retorno de fuerzas policiales al interior de las canchas, el Gobierno abrió la posibilidad de que intervengan en casos que “puedan afectar el orden público”. La idea no genera consenso en el mundo político.
Tres senadores y dos diputados tendrían contratos que implican pagos con fondos públicos. Desde el Partido Socialista evalúan recurrir al Tribunal Constitucional, alegando una paridad de criterios.
El diputado PS y querellante del Caso Audios cuestionó el rol de la jueza Andrea Díaz-Muñoz y recordó el tiempo que tardó en pedir el allanamiento de las oficinas del abogado. Por otra parte, rebatió los argumentos para que este dejara la cárcel.
El abogado y el ministro hablaron sobre “reforzar las cortes” a pocos días del término del Gobierno de Sebastián Piñera. Ambos estaban preocupados por las causas de violaciones a los derechos humanos en el estallido social.
