En entrevista con nuestro medio, el abogado y ex Fiscal Nacional del Ministerio Público descartó la existencia de presos políticos producto del estallido y criticó la “inconsecuencia” de un gobierno que no ha sabido reconocer explícitamente los graves atropellos a los derechos humanos ocurridos en Chile.
En su presentación en la Comisión de DDHH del Senado, que comenzó este martes a revisar el proyecto, el ministro de Justicia sostuvo que, según cifras de Gendarmería, la iniciativa beneficiaría a 227 personas que han sido detenidas y formalizadas, de las cuales 162 se encuentran en prisión preventiva y sólo 55 cuentan con condenas de primera instancia.
En entrevista con nuestro medio, el comisionado para Chile y titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, hizo un llamado al Estado chileno a redoblar los esfuerzos en torno a dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por el organismo hace casi un año.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos se refirió al caso de Felipe Ávila Conejeros, reportero gráfico que resultó con un trauma ocular luego de recibir un proyectil en medio de las manifestaciones registradas el pasado viernes.
En la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el director general de Carabineros hizo un llamado a los legisladores a resguardar la labor policial y aumentar las sanciones para quienes agredan a los funcionarios.
Entre ellos, destacan los ex DINA involucrados en la denominada ‘Operación Colombo’, quienes reciben jubilaciones de más de $2,3 millones en momentos en que el promedio de las pensiones apenas supera los $260 mil.
En una nueva versión de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, la institución analizó la respuesta estatal al estallido social y la pandemia del Covid-19, enfatizando en la oportunidad que abre el proceso constituyente para el país.
En conversación con nuestro medio, la periodista y exmilitante del MIR, autora del libro ‘119 de nosotros’, señaló que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que absolvió a los agentes de la DINA involucrados en la ‘Operación Colombo’ es “una nueva provocación” del Poder Judicial.
La discusión que ha propuesto el Gobierno sobre si los atropellos cometidos por agentes del Estado en el contexto del estallido social fueron sistemáticos o no, de alguna manera ha desviado el foco de los hechos concretos: que existieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante ese período.
El académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirió al asesinato del comunero Camilo Catrillanca. A dos años del hecho, el abogado sostuvo que el caso reveló la existencia de “dispositivos de impunidad” al interior de Carabineros, lo que se hizo mucho más visible luego del estallido social.
El tribunal del estado de Nueva Gales del Sur, en Sydney, declaró procedente la extradición de la ex secretaria de Manuel Contreras, acusada de siete delitos de secuestro y desaparición calificada entre 1973 y 1977.
La administración del alcalde RN Felipe Alessandri abrió una licitación por $40 millones para adquirir elementos disuasivos, pese a no contar con protocolos que regulen su uso por parte de los funcionarios municipales.
“El Estado de Chile ha hecho cosas, pero éstas son dolorosamente insuficientes”, sentenció el director nacional del INDH, Sergio Micco, en la presentación de los resultados. Además, el organismo dio a conocer un mapa de las vulneraciones cometidas por agentes del Estado, el que ya está disponible en su sitio web.
La organización presentó su informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” en el que concluyen que en los meses posteriores al 18 de octubre pasado agentes policiales “infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones”.
Desde la organización llamaron al gobierno de Sebastián Piñera a iniciar de inmediato un amplio debate nacional sobre cuáles deben ser las prioridades adecuadas en Chile.
La carta fue enviada por Baltasar Garzón, ex juez y presidente de FIBGAR, y Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), junto a asociaciones de juristas internacionales.
El ministro del Interior y Seguridad Pública se refirió además a la situación del carabinero formalizado durante la jornada de ayer: “Está profundamente afectado”.
