El tribunal del estado de Nueva Gales del Sur, en Sydney, declaró procedente la extradición de la ex secretaria de Manuel Contreras, acusada de siete delitos de secuestro y desaparición calificada entre 1973 y 1977.
La administración del alcalde RN Felipe Alessandri abrió una licitación por $40 millones para adquirir elementos disuasivos, pese a no contar con protocolos que regulen su uso por parte de los funcionarios municipales.
“El Estado de Chile ha hecho cosas, pero éstas son dolorosamente insuficientes”, sentenció el director nacional del INDH, Sergio Micco, en la presentación de los resultados. Además, el organismo dio a conocer un mapa de las vulneraciones cometidas por agentes del Estado, el que ya está disponible en su sitio web.
La organización presentó su informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” en el que concluyen que en los meses posteriores al 18 de octubre pasado agentes policiales “infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones”.
Desde la organización llamaron al gobierno de Sebastián Piñera a iniciar de inmediato un amplio debate nacional sobre cuáles deben ser las prioridades adecuadas en Chile.
La carta fue enviada por Baltasar Garzón, ex juez y presidente de FIBGAR, y Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), junto a asociaciones de juristas internacionales.
El ministro del Interior y Seguridad Pública se refirió además a la situación del carabinero formalizado durante la jornada de ayer: “Está profundamente afectado”.
Luego de un enfrentamiento con los las Fuerzas Especiales, los manifestantes lograron tomarse la Plaza Baquedano, tal como ocurrió luego del 18 de octubre del año pasado.
“Lo que requerimos es una policía que no solamente pueda mantener el orden público, sino que lo haga sin necesariamente avanzar en el escalamiento de la violencia”, comentó Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago y experta en seguridad.
En una rueda de prensa, el ministro del Interior indicó que “sin orden público no hay democracia posible”. La declaración fue respaldada por medio de un comunicado emitido desde La Moneda.
Carmen Vivanco inició su búsqueda de justicia en 1976, cuando perdió el rastro de cinco familiares en medio de la dictadura. A raíz de ello, pasó a integrar la Vicaría de la Solidaridad, donde se desempeñó como delegada.
El organismo presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso buscando que se decrete una Orden de No Innovar para que las autoridades se abstengan de darle aplicación y vigencia al documento llamado “Protocolo sanitario para un Plebiscito Nacional 2020 más seguro” desarrollado por el Servicio Electoral.
