Mediante una circular interna, Carabineros ordenó al personal acatar la medida que rige desde este primero de mayo.
En plena discusión sobre la ley de reparación monetaria a quienes sufrieron violaciones de DDHH, el diputado Ignacio Urrutia calificó de ‘terroristas con aguinaldo’ a las víctimas de dictadura, provocando el enojo de la oposición y la salida de los parlamentarios de la sala obligando la suspensión de la sesión. Desde La Moneda apuntaron que el retiro del proyecto se debe a que no hay financiamiento para ello.
Se han cumplido 70 años desde el inicio de la Nakba palestina y con ello el comienzo de un proceso de discriminación, usurpación, expolio y violación de los derechos humanos del pueblo palestino.
Ante las modificaciones anunciadas por el presidente a la cuestionada legislación, son distintos los antecedentes que pesan sobre el Estado chileno en las que se cuestiona la forma y la aplicación de la ley, la que se ha utilizado principalmente contra mapuches.
La tercera sala del tribunal revocó la entrega de los antecedentes al abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, acogiendo como argumento la posibilidad de que el conocimiento público de los datos pondría en riesgo la seguridad de quienes integraron los aparatos represores de la dictadura.
Desde Montreal, Canadá, la sobreviviente del caso Quemados critica el actuar de la ex presidenta, así como el de toda la clase política chilena: “Yo no soy la mujer símbolo a la que pueden usar para mandar recados sobre los delincuentes que han vulnerado los DD.HH., o la mujer símbolo con la cual se comprometió Bachelet al cierre de Punta Peuco, como si esto fuera una cuestión personal. Cuando debería ser toda la sociedad que a gritos pide su cierre. Que lejos estamos de la comprensión en plenitud de los DDHH”
El diputado del Partido Comunista cree que la mandataria podría dar noticias importantes esta semana, al menos respecto del cierre de Punta Peuco. Pero los ex presos políticos siguen a la espera de algo concreto sobre reparación.
Fueron diversas instancias de diálogo y que tuvo el Gobierno con las víctimas de prisión política y tortura, en las cuales se comprometieron varios puntos de un petitorio que el Ejecutivo no cumplió. Las distintas organizaciones insisten en que, al menos, se concreten algunas medidas que sólo necesitan de una firma.
La controvertida ley ha sido el blanco de críticas, sugerencias y una infinidad de reparos por parte de organismos nacionales e internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Que se revise, que no se use en contra del pueblo mapuche y que se investiguen las denuncias en contra de la policía por la fuerza ejercida sobre la comunidad mapuche son algunas de las recomendaciones que ha recogido una ley que no ha condenado prácticamente a nadie.
La mesa de diálogo con el Ejecutivo se ha visto entrampada por lo que acusan es una falta de voluntad, por lo mismo esperan realizar las últimas manifestación en lo que queda de mandato a Michelle Bachelet para conseguir alguna medida concreta antes de que inicie el período de Sebastián Piñera.
Branislav Marelic sale del INDH en medio de la elaboración del informe Sename. El documento, nacido de la observación de centros de internación de todo el país, contendría señalamientos a la forma en como ahí viven los niños, niñas y adolescentes de la red.
El Comando Unitario de Ex Presos Políticos expresó que incluso el bono que había prometido el ministro del Interior, Mario Fernández, no será entregado.
