La jefa de la Dipres es acusada de aprobar la ejecución presupuestaria que involucró un traspaso de $629 millones a la Fundación Pro Cultura. La oposición también señala que flexibilizó los requisitos para que las fundaciones se adjudicaran fondos.
Al respecto, la Dipres sostuvo que la Ley de Presupuestos 2024 “no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial”.
Las proyecciones fueron realizadas por las y los expertos de los comités consultivos. El ministro Mario Marcel señaló que ambos parámetros configuran el conjunto de datos que permitirá elaborar el proyecto de ley.
Junto con insistir en que fueron las autoridades quienes interrumpieron las negociaciones, los funcionarios exigen el pago del bono comprometido por el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, mientras que desde el Gobierno llamaron a deponer la movilización y priorizar la discusión presupuestaria del país.
