A través de su vocera Marta Herrera, la institución confirmó que se han identificado a siete víctimas fatales y que se ha instruido que en todo el país se ponga especial énfasis en la investigación del comportamiento de los agentes del Estado.
Parlamentarios del Partido Socialista, la Democracia Cristiana e independientes llegaron hasta el despacho del Fiscal Nacional, Jorge Abott, para exigir que se cite a la ministra Vocera de Gobierno, en su calidad de funcionaria pública, ya sea como testigo o imputada, y que explique ante el Ministerio Público los antecedentes que la llevaron a vincular al PS con el narcotráfico.
El suspendido fiscal de O’Higgins declaró por cerca de cuatro horas frente al persecutor Alberto Ayala, quien sigue el sumario administrativo en su contra.
El fiscal Sergio Moya dijo que su superior jerárquico estaría involucrado en tráfico de influencias, obstrucción a la investigación, ocultamiento y violación de secreto. “No es una situación fácil, pero es inaceptable que esto ocurra”, señaló. El próximo martes se realizará un Consejo Extraordinario de Fiscales que determinará quién investigará las acusaciones.
La acción se da un día después que la Cancillería entregara oficialmente al Vaticano los requerimientos internacionales del Ministerio Público en el marco de la investigación de delitos sexuales cometidos por clérigos y laicos relacionados con la Iglesia Católica.
Patricia Cuevas tildó de grave el informe que confirma que la denominada “Operación Huracán” fue un montaje policial. Según indicó, lo más preocupante es que hoy no se sabe “cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se vincula a estas personas con la violencia rural”. Su llamado es a exigir un mayor estándar probatorio antes de inculpar y, en particular, a sobreseer definitivamente esta causa.
Desde la Asociación Nacional de Fiscales lamentaron que el servicio no tenga interés en la persecución penal de estos casos que han afectado la confianza pública.
Mientras el parlamentario de la UDI está cerca de ser desaforado, a lo que se suma una querella en su contra presentada por el Consejo de Defensa del Estado, el senador socialista, que mantiene su militancia congelada, sigue siendo investigado por su participación en los casos SQM y Corpesca.
Ricardo Lee, representante legal de la Sociedad Alerce Talleres Gráficos, empresa que prestó servicios a la campaña senatorial de Carlos Ominami, insiste en que fue el ex ministro de Economía quien le solicitó que las facturas fueran dirigidas a la empresa minera no metálica, por un total de 150 millones de pesos.
Como parte de la investigación que encabeza el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, en contra del senador socialista, el Ministerio Público busca acceder a la información de los registros del Servicio Electoral respecto de los 32 nombres que aparecen en la lista proporcionada por Rossi a SQM, como parte de su solicitud de aportes para campañas municipales de 2012.
Postulaciones se cierran a la medianoche de este miércoles, proceso que debiera culminar en octubre, luego de que la Corte Suprema proponga una quina a Michelle Bachelet, cuyo candidato deberá ser ratificado por el Senado.
La Corte de Apelaciones rechazó el recurso presentado por la defensa del ex vicepresidente de Renovación Nacional. Con esto, se sienta un precedente para que otros imputados puedan ser formalizados sin necesidad de una querella del Servicio de Impuestos Internos.
El senador, que suspendió su militancia en el Partido Socialista, fue citado por el Ministerio Público, luego que se conocieran correos electrónicos que lo vinculan con la empresa SQM para el financiamiento de campañas políticas. Su secretaria confirmó que permanece con licencia médica.
Por esta razón, el senador Alejandro Navarro solicitó a la Fiscalía Nacional investigar el rechazo de las licencias laborales de las mutuales.
Tres días de interrogatorios se dieron en el más hermético silencio. El Fiscal Nacional dijo que “el señor Martelli respondió todo lo que se le preguntó “el señor Martelli respondió todo lo que se le preguntó”, pero se negó a comentar el contenido de las declaraciones. Además, descartó que, por ahora, citen a Peñailillo.
Mediante un comunicado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que presentó una nueva denuncia por delito tributario contra la empresa SQM, ya que la compañía registró como gasto de su contabilidad un total de 846 documentos tributarios falsos por un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Esta acción penal busca que la investigación se centre en la responsabilidad por la “presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas”.
La diligencia que realizaría el Ministerio Público tendría como objetivo establecer los nombres de los personeros políticos, las cantidades y todo el entramado detrás de los eventuales aportes irregulares para financiar campañas electorales.
