Los diputados independientes Rubén Oyarzo y Camila Musante instaron a la aprobación del documento en la Sala de la Cámara. A juicio de los parlamentarios, el Estado debe hacerse responsable y reparar el daño causado a la familia de Franco Vargas.
En la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Romy Vargas además dijo que no se puede permitir que más jóvenes sean lastimados bajo el cuidado del Ejército. En tanto, desde el INDH sostuvieron que este caso es un gran desafío para la Justicia.
Su muerte ocurrió el sábado 27 de abril, a las 5 de la mañana, cuando en medio de una instrucción militar, un grupo de conscriptos se desplazó por más de 3 mil metros de altura y con -15 grados sin indumentaria y vestuario requerido para dichos fin.
Tras la exhumación del soldado conscripto, su madre, Romy Vargas, expresó sus deseos de que se pueda llegar a la verdad. En tanto, el abogado de la familia, profundizó en lo que podría revelar el nuevo proceso que se ceñirá al protocolo de Minnesota.
La documentación corresponde a los dos jóvenes que debieron ser internados en condición grave en dicho centro asistencial, luego de la marcha de instrucción que le costó la vida al conscripto Franco Vargas.
La Fiscalía informó que la madre del joven conscripto, Romy Vargas, también autorizó la diligencia y que la segunda autopsia deberá realizarse bajo el Protocolo de Minnesota.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Chile de transferir el caso del conscripto Franco Vargas Vargas de la jurisdicción militar a la civil marca un hito significativo en la protección de los Derechos Humanos en el país, por ello en tanto dichos derechos constituyen la base ética de nuestra democracia, requiere ser más […]
La madre del conscripto fallecido durante una marcha de instrucción en Putre, se retiró llorando de la sala donde sesionó la comisión especial investigadora sobre este caso, producto de las palabras del parlamentario.
El Ministerio Público, el INDH y los abogados de Romy Vargas y de los jóvenes afectados por la marcha en Putre, piden que la causa sea vista por los tribunales ordinarios. Mientras, la Fiscalía Militar insiste en liderar la investigación.
La contienda de competencia fue planteada el 11 de mayo pasado por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book Reyes.
La directora del Instituto Nacional de DDHH expuso sus críticas frente a la petición del fiscal general militar de que sea el pleno de la Corte Suprema la que zanje si el caso de Franco Vargas será visto por la justicia castrense o la justicia civil.
Así, se deberá esperar a que la Segunda Sala del máximo tribunal se pronuncie respecto a si las pesquisas serán llevadas por la justicia militar o la ordinaria.
“Fue violado su derecho a la salud”, dijo la senadora Fabiola Campillai en la comisión de Derechos Humanos, tras escuchar a las autoridades regionales de Arica que entregaron más información en torno a la muerte de Franco Vargas.
La decisión del Juzgado de Garantía de Arica ocurre en el marco del “caso Conscriptos” y luego de que la Fiscalía pidiera realizar una nueva autopsia, aplicando el Protocolo de Minnesota, a requerimiento del INDH.
El secretario de Estado sostuvo que el único matiz de independencia surge en la Corte Marcial, pero “está integrada por cinco miembros de los cuales tres son los auditores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y dos jueces de Corte de Apelaciones”.
El juez de garantía de Arica rechazó la solicitud de la ministra en visita, Jenny Book, que buscaba que la investigación fuera realizada por la justicia militar, la cual fue calificada por el magistrado como “un sistema antiguo e inquisitivo”.
Además, la autoridad encargada del trabajo en terreno realizó un positivo balance tras los días que permaneció en la zona. Esto incluyó interrogaciones a oficiales y conscriptos de la unidad del joven fallecido.
