El Ministerio Público, el INDH y los abogados de Romy Vargas y de los jóvenes afectados por la marcha en Putre, piden que la causa sea vista por los tribunales ordinarios. Mientras, la Fiscalía Militar insiste en liderar la investigación.
La contienda de competencia fue planteada el 11 de mayo pasado por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book Reyes.
La directora del Instituto Nacional de DDHH expuso sus críticas frente a la petición del fiscal general militar de que sea el pleno de la Corte Suprema la que zanje si el caso de Franco Vargas será visto por la justicia castrense o la justicia civil.
Así, se deberá esperar a que la Segunda Sala del máximo tribunal se pronuncie respecto a si las pesquisas serán llevadas por la justicia militar o la ordinaria.
“Fue violado su derecho a la salud”, dijo la senadora Fabiola Campillai en la comisión de Derechos Humanos, tras escuchar a las autoridades regionales de Arica que entregaron más información en torno a la muerte de Franco Vargas.
La decisión del Juzgado de Garantía de Arica ocurre en el marco del “caso Conscriptos” y luego de que la Fiscalía pidiera realizar una nueva autopsia, aplicando el Protocolo de Minnesota, a requerimiento del INDH.
El secretario de Estado sostuvo que el único matiz de independencia surge en la Corte Marcial, pero “está integrada por cinco miembros de los cuales tres son los auditores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y dos jueces de Corte de Apelaciones”.
El juez de garantía de Arica rechazó la solicitud de la ministra en visita, Jenny Book, que buscaba que la investigación fuera realizada por la justicia militar, la cual fue calificada por el magistrado como “un sistema antiguo e inquisitivo”.
Además, la autoridad encargada del trabajo en terreno realizó un positivo balance tras los días que permaneció en la zona. Esto incluyó interrogaciones a oficiales y conscriptos de la unidad del joven fallecido.
La ministra de Defensa informó que el Presidente Boric aceptó la “propuesta de renuncia” del general Rubén Castillo, jefe de la VI División del Ejército, y del coronel Sebastián Silva, comandante de la Brigada “Huamachuco”.
Previo a la reunión entre el Mandatario y el jefe del Ejercito, donde abordarán los antecedentes de la muerte de Franco Vargas, diputados de derecha evaluaron positivamente el rol del alto mando de la institución castrense en este caso.
La citación tiene por propósito informar al Mandatario respecto de los antecedentes en torno a la muerte del soldado Franco Vargas y los más de 40 jóvenes que tuvieron problemas de salud luego de la fatídica marcha.
