En sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas y como parte del debate en torno a la Reforma de Pensiones, se procedió a leer el acta secreta 389 de la dictadura civil militar.
Los parlamentarios Luis Cuello, Juan Santana y Boris Barrera afirmaron que “si la derecha no quiere que avance la reforma al sistema de pensiones, lo que no va a pasar es que los partidos de gobierno nos quedemos cruzados de manos”.
El parlamentario solicitó que el Gobierno prorrogue la medida porque “solo gracias a la presencia de las FF.AA. es que se ha logrado mantener la tranquilidad y resguardo de la seguridad” en las zonas afectadas por el megaincendio de febrero.
La investigación de Fundación Sol agrega que quienes se desempeñaron como Oficiales de las Fuerzas Armadas reciben una pensión promedio de $2.802.711.
La misiva fue dirigida al Presidente Boric y la mamá de Franco Vargas fue recibida por la ministra Maya Fernández. En tanto, parlamentarios del PC anunciaron la creación de una comisión investigadora para esclarecer los antecedentes del caso.
Parlamentarios proponen abrir todas las instancias posibles para esclarecer lo ocurrido. El objetivo, dijo el diputado Gonzalo Winter, es relevar el caso “como si se hubiese muerto un Luksic, un Matte o un Piñera”.
La diputada Nathalie Castillo explicó que buscan esclarecer las denuncias de las familias por “irregularidades”. A su vez, la ministra Maya Fernández, dijo que “queremos que se haga justicia y darle tranquilidad a las madres y padres”.
Las indicaciones del proyecto especifican que las operaciones y procedimientos deberán, según sea el caso, contar con una planificación adecuada, proteger al personal, minimizar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza y reducir daños.
La iniciativa respaldada por el alcalde Rodolfo Carter podría beneficiar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La diputada Daniela Serrano (PC) indicó que la acción “es un nuevo ejemplo de populismo penal en año electoral”.
Pese a que diputados proponen cerrar fronteras y una policía militar especial, autoridades locales ponen foco en las debilidades de la legislación chilena y la diplomacia con países vecinos.
“Ni los comerciantes van tantas veces al banco”, comentó el fiscal José Morales. El Ministerio Público solicita 15 años de prisión para el excomandante en jefe del Ejército el delito de lavado de activos.
Para la titular de Defensa, “es importante mantener el rol que tienen y las tareas para las cuales se forman las FF.AA.”. Pero, afirmó que la presencia militar en lugares sensibles a la acción delictual dependerá de la Ley de Infraestructura Crítica.
