Además, el parlamentario expresó su conformidad por la comparecencia de las Fuerzas Armadas a la CEI que indaga el caso de licencias médicas y relevó que el “principio de celeridad”, por lo menos en este ámbito, se está practicando.
La medida se basa en el informe CIC Nº14 de la Contraloría, que detectó que 2.982 funcionarios de FF.AA., Carabineros y Gendarmería salieron del país mientras tenían licencias médicas vigentes, estando afiliados a Capredena y Dipreca.
Del total de casos identificados, un 35,9% corresponde a Carabineros, 35,8% a Gendarmería, 24,1% a las Fuerzas Armadas y 4,2% a la Policía de Investigaciones (PDI). El Gobierno dio un plazo de 72 horas para iniciar procesos disciplinarios.
La liberación de un presunto sicario y los vínculos del narcotráfico con miembros de las Fuerzas Armadas motivaron al diputado José Miguel Castro a pedir una respuesta institucional urgente que, según señala, está generando un apoyo transversal.
Las actualizaciones en el ámbito legal serán dadas a conocer por el Gobierno en los próximos días: buscarían agilizar las acciones de las ramas militares. También se abordó la competencia de los tribunales “para conocer de estos hechos”.
Osvaldo Torres, director (s) del organismo, indicó que oficiaron a la Seremi de Justicia de Arica para conocer las medidas que se adoptarán. El incidente se abordará en el comité de seguimiento de la política pública para evitar nuevas vulneraciones.
Tras los tres casos de presunto narcotráfico detectados en instituciones castrenses, la parlamentaria presentó un proyecto de ley que establece exámenes obligatorios y aleatorios para todo el personal uniformado.
En conjunto con la Fiscalía de Tarapacá, la Policía de Investigaciones incautó medio kilo de pasa base que estaba dentro de un termo en uno de los basureros de la instalación castrense.
El Presidente dio por superado el impasse con el jefe de la Fuerza Área de Chile, Hugo Rodríguez. Además, destacó que tiene plena confianza en que las autoridades, castrenses y del Ejecutivo, buscan proteger las instituciones de la República.
A pesar de sus declaraciones respecto a la instrucción presidencial, el comandante en jefe de la rama aérea de las FF.AA., Hugo Rodríguez, informó que este martes los antecedentes de la investigación fueron remitidos a la Fiscalía de Tarapacá.
El antecedente cobra mayor relevancia dada la ubicación en la que se detectó el tráfico, pues la zona norte del país es conocida por los investigadores como una “puerta de entrada” del crimen organizado internacional.
El Presidente Boric convocó a los comandantes en jefes de las tres ramas militares a La Moneda. Se acordó un plan y se resolvió el debate en torno a si el transporte de estupefacientes detectado en Iquique sería indagado por la justicia civil.
En medio de la contienda de competencia presentada por la Fiscalía, la autoridad del Ministerio del Interior respaldó la independencia de las instituciones. Sin embargo, afirmó que desde el Ejecutivo esperan transparencia.
Para el experto en seguridad de la Universidad de Chile, la legislación definitiva debe incorporar esta norma, pues sirve como marco para la disciplina interna de las Fuerzas Armadas, las policías y la interpretación judicial.
En una sesión que se extendió por más de dos horas, los senadores debatieron la propuesta presentada por el Ejecutivo, aclararon principios fundamentales y establecieron normas claras sobre la aplicación de la fuerza por parte de los funcionarios.
El ex subsecretario de Defensa respaldó el aumento de los recursos para el Ejército y destacó la necesidad de aumentar el número de conscriptos. No obstante, subrayó que esta materia debe ser resulta con visión “nacional” y no coyuntural.
Ante el aumento de episodios violentos vinculados al narcotráfico, el mandatario ecuatoriano implementó la medida “para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en función de defender la soberanía e integridad del Estado”.
