El rector de nuestra casa de estudios se refirió a los dichos de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien señaló que los problemas que presenta hoy en día el beneficio de la gratuidad fueron heredados de gobiernos anteriores. “Me da la impresión de que muchas veces, hay más ánimo de tratar de demostrar lo mala que es la ley en vez de tratar de solucionar los problemas”, sostuvo Vivaldi.
La medida comenzará a regir este primero de febrero.
Aunque el Gobierno le puso suma urgencia a esta iniciativa a finales del año pasado, el proyecto aguardaba en el Congreso desde abril del mismo año. Ahora, deberá volver a discusión particular en la Comisión de Educación y el beneficio sería efectivo para el 2020.
El rector de la Universidad de Chile enfatizó en que los estudiantes prefieren a las universidades estatales, pero la restricción de recursos los obliga a optar por la educación superior privada
El órgano colegiado encargado de ejercer la función normativa de nuestra casa de estudios decidió pronunciarse públicamente en relación a cómo el sistema de educación superior y su creciente expansión ha ido en perjuicio de las Universidades Estatales.
Los jueces constitucionales declararon la inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria que permitiría a las universidades del CRUCh usar hasta un 30 por ciento de los excedentes del crédito del fondo solidario para suplir pérdidas ocasionadas por la gratuidad en la Educación Superior.
Desde las 15:00 horas las Salas Andes y Pacífico tendrán entrada gratuita. La iniciativa se complementa con la nueva política de gratuidad para mayores de 60 años que se instauró en septiembre pasado.
El vicepresidente ejecutivo del CRUCh analizó la situación actual del financiamiento de las universidades del Estado y las proyecciones de la gratuidad, asegurando que este derecho social no puede limitarse a la duración formal de una carrera, pues eso no responde a la realidad de los estudiantes chilenos.
El rector de la Usach manifestó la intención de acudir al Tribunal Constitucional para enfrentar la “discriminación frente a la igualdad de condiciones”, esto luego, que el proyecto de gratuidad en carreras técnicas, no abarque a universidades que las imparten.
En la presentación ante la comisión de Educación del Senado, el ministro de Educación, Gerardo Varela presentó el beneficio que se extenderá al séptimo decil que estudien carreras en IP y CFT.
Desde la Confech aseguraron que el mandatario está creando un nuevo negocio en educación, ya que las instituciones privadas carecen de marco regulatorio.
El rector de la Universidad Austral, Oscar Galindo, criticó la heterogeneidad de los sistemas de financiamiento.
La parlamentaria PPD, y presidenta de la comisión de Educación, tuvo palabras duras para el legado Bachelet. Según señala, no fue intención del gobierno pasado intentar cambiar el modelo educativo, sino impulsar reformas que lo modificaran tangencialmente. Asimismo, se refirió a la cosmovisión del nuevo titular de Educación, Gerardo Varela, a quien acusa de pertenecer a un sector que ve en todo negocios.
Diputados aprobaron el tercer trámite del proyecto que crea entidades para asegurar gratuidad, calidad y fin al lucro. Parlamentarios denuncian mal mecanismo de fiscalización respecto a la viabilidad financiera de las casas de estudio.
Si bien la ley sobre educación superior ya pasó a la comisión de Hacienda, las inclinaciones de dos parlamentarios de derecha llevan a revivir el conflicto que tendrá el conglomerado durante el próximo gobierno de Sebastián Piñera: qué tan transversal tiene que ser una de las reformas emblemáticas de Michelle Bachelet.
Entre algunos de los ejes más relevantes, los parlamentarios aprobaron el aumento de la gratuidad al 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables. Daniel Andrade, vocero de la Confech, manifestó la aprobación de este proyecto, tal como está hoy, constituye una derrota para la educación superior.
En el marco del debate legislativo sobre la Reforma a la Educación Superior, diversos analistas comentaron los alcances del proyecto. “Ya la gratuidad es una medida controversial en términos económicos y si a eso le agregas la desaparición del CAE, es imposible que se resuelvan en cuatro años o en ocho años”, advierten.
