“No es posible que en pleno siglo XXI tengamos un Gobierno que se permita tener presos políticos”, indicó, este miércoles, la diputada Camila Vallejo ante el proyecto, presentado en el Senado, mismo que propone indultar a los presos de la revuelta.
En una reunión, realizada de manera online , participaron cerca de 75 personas y representantes de organizaciones de chilenos en el exterior, la mayoría radicados en países de distintas partes del mundo.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
Según confirmaron a nuestro medio fuentes del Ejecutivo, ambos indultos ya fueron cursados y beneficiarían a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman quienes fueron recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.
A través de una misiva dirigida al relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, la Comisión Chilena de DD.HH. y la AFDD acusaron “intentos del gobierno chileno de dejar en libertad a los condenados por crímenes de lesa humanidad”.
En el contexto del debate sobre el indulto conmutativo a reos de Punta Peuco, el senador del PRO sostuvo que “el apoyo del director de Human Right Watch a Piñera es el ticket de salida para los amigos de Krassnoff”.
“Él ejerció un enorme liderazgo en 2012, cuando el Congreso Nacional aprobó su proyecto de ley de indulto general. ¿Por qué no ahora si las circunstancias son infinitamente más graves?”, afirmó el director del organismo, Sergio Micco.
El director del INDH manifestó su preocupación por la eventual propagación del COVID-19 en los 83 centros penitenciarios a lo largo del país, donde residen aproximadamente 50 mil internos.
El llamado “indulto y derecho de gracia por razones humanitarias” fue concedido al ex presidente de Perú en diciembre de 2017 por Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori fue indultado de la condena que cumplía por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gobierno.
Este miércoles la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos dejó un documento en Contraloría solicitando que el organismo reconsiderara su decisión de eximirse en la toma de razón de indultos otorgados por la presidencia. El derecho internacional respalda la visión de que a quienes cumplen penas por crímenes de lesa humanidad no se les debiera conceder ningún tipo de beneficios.
La abogada titulada de la Universidad de Chile, distinguida este martes 26 de junio con el Premio Nacional de Derechos Humanos, se refirió a la actual situación de los derechos fundamentales en el país, el movimiento feminista y la tortura en cárceles. En exclusiva para Prensa U. de Chile, quien fue una de las personas determinantes en el encarcelamiento del ex director de la DINA, Manuel Contreras, entró al debate sobre la posibilidad de indultar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, y fue enfática en plantear que “la tortura es un delito gravísimo que debe ser rechazado y eliminado en todas sus formas”.
La decisión comenzará a regir este martes y durará un año. Dentro de los argumentos, Contraloría exige priorizar y revisar materias esenciales.
Antes de emprender viaje a Japón, la mandataria concedió el beneficio a un hombre que se encuentra en estado vegetal.
En la práctica, las solicitudes de beneficios por parte de los reos serán sometidas a un procedimiento administrativo en el Poder Judicial. El ejecutivo, de ser aprobada la propuesta, ya no contará con la facultad de la decisión.
A las espontáneas manifestaciones de repudio de parte de organizaciones sociales y de DDHH provocadas por el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, se han sumado una serie de repercusiones a nivel político. Mientras, expertos consultados por nuestra emisora coinciden en que el actual jefe de Estado peruano ha quedado en el peor de los escenarios de cara a lo que resta de su mandato.
El proyecto de ley, impulsado por el DC Jorge Sabag, propone penas sustitutivas para condenados que se encuentren con enfermedades terminales.
Dos murieron en la cárcel, dos siguen esperando algún gesto que les permita vivir sus últimos días en la comodidad de sus casas. Cuando tuvieron el poder no conocían la palabra clemencia ni un sentido de humanidad.
