Miguel Mellado y Frank Sauerbaum confirmaron que pidieron a dos constitucionalistas que analicen la posibilidad para avanzar con la iniciativa. No queremos hacer una acusación política al voleo”, precisaron.
La titular de la Segegob insistió en dar por zanjada la polémica sobre los indultos y mencionó que ante las acusaciones constitucionales por parte de la oposición “necesitamos un ánimo de colaboración para enfrentar los problemas de la ciudadanía”.
El jurista y académico de la UDP exhortó a dirigir la discusión sobre los indultos del mandatario hacia su sentido político y no a la legitimidad de los mismos, considerando que la norma permite la intromisión del Pdte. en asuntos judiciales.
El legislador cuestionó los libelos impulsados por la oposición contra la ministra de Justicia, en medio de la controversia que han generado los indultos presidenciales, aunque calificó como “inoportuno” el proceder del Ejecutivo en la materia.
Es hora de que las fuerzas políticas entiendan -transversalmente- que las condiciones en las cuales se realiza hoy la actividad delictual son muy distintas a las de hace cinco o diez años. El crimen organizado ha tenido una proliferación durante el confinamiento pandémico, por lo que se requiere urgentemente una transformación de las instituciones del […]
El mandatario afirmó estar de acuerdo con la Corte Suprema, recalcando que “sería una muy mala noticia para nuestro país que iniciara una disputa con el Poder Judicial”. Asimismo, dijo esperar con sus declaraciones “dar por zanjada esta polémica”.
A través de una declaración pública, también señaló que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales”.
El otrora titular de Interior consideró que la determinación del Presidente Boric es “impresentable” y un “premio a los delincuentes” en un contexto en que se trabajaba por una acuerdo transversal en seguridad.
El Mandatario desdramatizó la acusación constitucional que pesa sobre la ministra de Justicia, aduciendo que es una herramienta constitucional con la que cuenta la oposición. “Sería hipócrita de mi parte decir que es algo que no puedan hacer”, dijo.
La presidenta del Senado aseguró que los pilares de las conversaciones con el Gobierno tienen que ver con ayudas sociales “muy concretas” para enfrentar la pandemia.
En total son tres las iniciativas parlamentarias que proponen libertar principalmente a quienes se encuentran con prisión preventiva por actos de violencia perpetrados en el estallido social. “El que no está con las leyes y sus libertades, está en contra de Chile”, aseguró al respecto el parlamentario de RN, Gonzalo Fuenzalida.
Este jueves, la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos realizaron una manifestación exigiendo justicia para este tipo de casos. “Es muy triste cuando surgen celebraciones por el plebiscito. Bienvenido sea, pero jamás se nos ha considerado ni a las familias ni a los presos”, aseguró en conversación con nuestro medio la integrante de dicha organización, Liliana Flores.
El presidente Piñera no descartó aplicar el beneficio a criminales de lesa humanidad y las víctimas de la dictadura alzaron la voz. “No aceptamos que la impunidad sea el camino que quiera profundizar el gobierno en medio de esta pandemia”, advirtieron desde la AFDD.
Parlamentarios de Chile Vamos rechazaron el proyecto de indulto conmutativo impulsado por el Ejecutivo porque éste no incluía a criminales de lesa humanidad.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos se refirió a la ofensiva por la impunidad ejemplificada en la reciente liberación de siete condenados por crímenes de lesa humanidad.
El gobierno, a través de su vocera, afirmó que el proyecto de ley responde a razones humanitarias por motivos de salud. La Oposición ya adelantó que no apoyarán una normativa que permita la impunidad.
El presidente indultó a Rene Cardemil, ex coronel de Ejército condenado el caso conocido como “Torres de San Borja”. La decisión es criticada por expertos que señalan que el perdón extendido por el Primer Mandatario constituye una violación a lo establecido por la normativa internacional de derechos humanos.
