En total son tres las iniciativas parlamentarias que proponen libertar principalmente a quienes se encuentran con prisión preventiva por actos de violencia perpetrados en el estallido social. “El que no está con las leyes y sus libertades, está en contra de Chile”, aseguró al respecto el parlamentario de RN, Gonzalo Fuenzalida.
Este jueves, la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos realizaron una manifestación exigiendo justicia para este tipo de casos. “Es muy triste cuando surgen celebraciones por el plebiscito. Bienvenido sea, pero jamás se nos ha considerado ni a las familias ni a los presos”, aseguró en conversación con nuestro medio la integrante de dicha organización, Liliana Flores.
El presidente Piñera no descartó aplicar el beneficio a criminales de lesa humanidad y las víctimas de la dictadura alzaron la voz. “No aceptamos que la impunidad sea el camino que quiera profundizar el gobierno en medio de esta pandemia”, advirtieron desde la AFDD.
Parlamentarios de Chile Vamos rechazaron el proyecto de indulto conmutativo impulsado por el Ejecutivo porque éste no incluía a criminales de lesa humanidad.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos se refirió a la ofensiva por la impunidad ejemplificada en la reciente liberación de siete condenados por crímenes de lesa humanidad.
El gobierno, a través de su vocera, afirmó que el proyecto de ley responde a razones humanitarias por motivos de salud. La Oposición ya adelantó que no apoyarán una normativa que permita la impunidad.
El presidente indultó a Rene Cardemil, ex coronel de Ejército condenado el caso conocido como “Torres de San Borja”. La decisión es criticada por expertos que señalan que el perdón extendido por el Primer Mandatario constituye una violación a lo establecido por la normativa internacional de derechos humanos.
Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos indicó que con esto, los representantes gremiales están participando en la campaña que reos y familiares están haciendo para conseguir beneficios carcelarios.
La decisión se tomó sobre la base de un informe emitido por el Servicio Médico Legal que ratifica que los reclusos no tienen problemas graves de salud.
