Más de 40 agrupaciones y personalidades vinculadas al mundo de los derechos humanos emitieron una declaración pública en la que exigen que el Senado reponga -una vez más- los recursos para el organismo estatal en la Ley de Presupuesto 2025.
El abogado formalizó su decisión a través de una carta donde explica las razones detrás de su salida.
Sólo el 1,3% de las querellas presentadas por el organismo ha tenido una sentencia condenatoria. Así, desde el instituto apuntan a que el Estado aún no cumple con su obligación de implementar un plan de reparación integral para las victimas.
La abogada querellante, Karinna Fernández, pidió al VII Juzgado de Garantía la aplicación de la prisión preventiva para los exgenerales Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, por los riesgos que acarrea su libertad para la investigación.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago aplazó para el 4 de noviembre el inicio del juicio por el caso de Gustavo Gatica. La Fiscalía argumentó que no contaban con “dotación suficiente” para la fecha previamente programada.
En la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Romy Vargas además dijo que no se puede permitir que más jóvenes sean lastimados bajo el cuidado del Ejército. En tanto, desde el INDH sostuvieron que este caso es un gran desafío para la Justicia.
La ex directora del INDH, Lorena Fries, afirmó que “lo importante es que se cometieron crímenes de lesa humanidad”. En tanto, abogados expertos en derechos fundamentales coinciden que lo ocurrido en el 2019 fueron vulneraciones generalizadas.
Para RN, la anunciada querella por parte del INDH no tiene fundamentos. Además, acusan que la acción judicial “no solo representa una falta de criterio y un mal uso político, sino también una extralimitación de sus atribuciones”.
El juez de garantía de Arica rechazó la solicitud de la ministra en visita, Jenny Book, que buscaba que la investigación fuera realizada por la justicia militar, la cual fue calificada por el magistrado como “un sistema antiguo e inquisitivo”.
Junto con demandar verdad y justicia por estos hechos, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, insistió en que el caso debe mantenerse en los tribunales civiles.
Desde la institución afirman que pese a sus intentos desde el Ejército no han aceptado capacitaciones en derechos humanos, a diferencia de Carabineros y Gendarmería. En tanto, el diputado González amenaza con acusar constitucionalmente a Iturriaga.
Además, la jueza Paulina Zúñiga programó para el 30 de mayo una audiencia para resolver la competencia de los tribunales civiles en este caso. El INDH argumentó que debe ser visto en la justicia civil y no en la militar.
Con “preocupación” y “desconcierto” describieron desde la organización la clausura de estos espacios. Además, tacharon de “inaceptable” la falta de una política concreta que garanticé el financiamiento y el desarrollo de estos lugares.
Consuelo Contreras, planteó crear una mesa de diálogo sobre la violencia en la macrozona sur, donde la Coordinadora Arauco Malleco “podría estar siempre y cuando no realice actos violentos durante ese período”.
Desde la Asociación Nacional de Defensores y Defensoras de los DDHH alertan que se dejarían inconclusos 4 mil 760 documentos con testimonios de víctimas de derechos humanos de la dictadura reunidos por las comisiones Valech I y II.
Como querellante en el caso, la sede de Los Lagos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitó presidio perpetuo para los cuatro ciudadanos venezolanos integrantes del “Tren de Aragua” que montaron una red de prostitución en esa región.
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad presentado por los excarabineros Henry Cuéllar Vega y Víctor Lastra Marguirott, condenados a 12 años y 183 días de presidio efectivo.
