La ex ministra de Salud valoró la eliminación del copago en los tramos C y D de Fonasa que anunció el Presidente. “Creo que es un gesto importante del Gobierno ya que significa dejar de recibir un aporte hacia el presupuesto del Ministerio”, destacó.
Mientras que en el negocio de la salud se habla de un colapso de las Isapres por el congelamiento en el precio de los planes, el legislador restó importancia a estos “lamentos” e hizo hincapié en la necesaria reforma al sistema.
La ministra Yarza críticó las amenazas de la isapre Colmena a sus afiliados y el presidente de la CNEP manifestó que las sugerencias entregadas al Minsal apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas y también de los funcionarios de la salud.
Un artículo y 11 incisos conforman el nuevo cuerpo normativo constitucional que establece el derecho a la salud. El articulado establece un cambio de paradigma, definiendo un modelo de salud universal.
La presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile se refirió a la aprobación de esta propuesta en la Convención Constitucional y a las críticas de las isapres.
El diputado celebró el despacho a ley del proyecto que impide el alza de los planes y aseguró que “este debe ser el punto de partida para realizar modificaciones más estructurales en la participación de los privados en el sistema de salud”.
Francisca Duarte padeció no sólo los síntomas de una enfermedad que se disemina rápidamente, sino de la falta de criterio e indolencia de instituciones privadas de salud que llegaron hasta el embargo de sus bienes en dos oportunidades.
En 2020 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para regular el aumento de los planes en el estado de excepción, sin embargo, sin razón conocida el Senado no dio cuenta de la iniciativa, por lo que lleva siete meses en un inusual retraso administrativo en el Congreso Nacional.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el 3 de agosto del 2020 y desde el 18 del mismo mes, se encuentra en el Senado para que se rinda cuenta en la sala de la Cámara Alta y empiece su tramitación, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.
Sensacionalismo, exceso de información sin jerarquía ni chequeo claro y falta de pluralismo en la cobertura de la pandemia son algunos de los problemas que identificaron académicos y académicas de la Casa de Bello. Apuntan a sus efectos en la salud mental, la percepción de riesgo y la adhesión a las medidas de prevención.
En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Patricio Fernández comentó la circular que indica que las isapres “deben eliminar de la Declaración de Salud la consulta por estas patologías previas al nacimiento”.
Ante un fallo de la Corte Suprema, la Superintendencia de Salud instruyó a las Isapres que “deben eliminar de la Declaración de Salud la consulta por Síndrome de Down, cardiopatías congénitas y labio leporino, entre otras”.
En conversación con nuestro medio, Patricio Fernández precisó que, pese a que hay un amplio apoyo a la iniciativa, las diferencias apuntan “a si es bueno hacerlo en este momento que vive el país”. Además, la autoridad se refirió a la instrucción para que las isapres aprueben todas las licencias por coronavirus que hayan rechazado.
Pese a que el Ejecutivo anunció que se congelarían los valores por el lapso de tres meses, los expertos aseguran que el tema debe ser abordado en profundidad para una solución definitiva. Para el abogado Carlos Gajardo, el Estado cuenta con herramientas constitucionales, así como normativas correspondientes al vigente estado de catástrofe, para regular los precios de las isapres.
“El alza en el precio de las isapres, que afecta a más de tres millones de personas y que debió regir a partir de agosto de este año, se va a postergar por tres meses”, puntualizó el Presidente.
La senadora cuestionó en duros términos la decisión de las administradoras e interpeló a la superintendencia para que intervenga y revierta la medida. “No es una señal correcta en los momentos en que todos debemos colaborar para enfrentar la crisis”, aseguró.
Dentro de los cargos imputados a las instituciones de salud previsional están el traspaso de información errónea, cobros indebidos, la no entrega de medicamentos por falta de stock y falta de medicamentos en farmacias con las que tienen convenio.
