Cuatro funcionarios del Ejército fueron formalizados por el delito de apremios ilegítimos en contra de un joven de 24 años, quedando bajo la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.
“Para que haya democracia la justicia tiene que ser autónoma y la política tiene que ayudar a que la justicia sea autónoma”, expresó el subsecretario del Interior.
El titular de Justicia se refirió a la situación de las cárceles y la agenda de seguridad. Sobre esto último, destacó que “se ha avanzado bastante” y sostuvo que “esta es la administración que más ha dictado leyes en seguridad”.
Según sus cifras, en Santiago y Santiago 1 hay casi 6 mil y 5 mil reos, mientras que el personal no supera los 400 funcionarios por cárcel. Desde Gendarmería señalan que la criminalidad al interior de los penales en el país “ha crecido duramente.
El tribunal revocó la resolución del juez Daniel Urrutia, la cual también autorizaba a los internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad a acceder a visitas conyugales.
“Tenemos el derecho de exigir respeto, vamos a luchar en esta causa”, expresó la madre de la víctima por la determinación del máximo tribunal de anular la condena del ex funcionario de la PDI, Leonel Contreras, quien fue declarado culpable.
Tras las autorizaciones a reos de alta peligrosidad, expertos señalaron que en el debate sobre seguridad debería llamar la atención que “lo razonable, natural o intuitivo de las decisiones fueran siempre hacia el mayor castigo”.
Se realizará un nuevo juicio en los próximos días sobre el ataque ocurrido en septiembre del 2021 en Los Ángeles, por el cual se sospecha de Ernesto Llaitul, Ricardo Reinao, Nicolás Alcaman y Esteban Henríquez como coautores del delito.
Las abogadas denuncian que el argumento de la condena es que los imputados son parte de la CAM. Este viernes se dará el fallo por el recurso de nulidad de la sanción que pesa sobre Ernesto Llaitul, Ricardo Reinao, Nicolás Alcaman y Esteban Henríquez.
La ex jefa comunal de Maipú, acusada de defraudar al municipio en 31 mil millones de pesos, quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional. Además, el tribunal fijó 120 días como plazo para la investigación.
El Ministerio Público solicitó iniciar un trámite procesal contra la periodista por los delitos contra la vida privada y la privacidad de las conversaciones.
En el marco de un conversatorio, el jefe de Justicia valoró la Ley de Entrevistas Videograbadas, que permite el resguardo de menores de edad. Mientras el defensor de la Niñez remarcó el rol de la institución en casos de violencia hacia este grupo.
