La asamblea de funcionarios en la Región Metropolitana aceptó la propuesta de Gobierno con votación a mano alzada, por lo que quedan a la espera del resultado de votaciones en cada región para definir la continuidad. Dirigente metropolitano declaró que ofrecimiento del Ejecutivo los deja “un poco satisfechos”.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil e Identificación (Anercich) y sus asambleas a lo largo del país rechazaron la última propuesta del Gobierno para poner fin al conflicto laboral que ya suma más de 15 días hábiles. Los funcionarios lamentan la gradualidad del otorgamiento de los beneficios exigidos, mientras que el Gobierno asegura que no hará más propuestas.
Actualmente, niños, niñas y adolescentes que participan de procesos judiciales, ya sea en calidad de víctimas o de testigos, son interrogados por lo menos cinco veces por distintas personas, las que no necesariamente están capacitadas para trabajar con ellos. Para expertos en temas de infancia, esto revela una despreocupación de parte del Estado en la protección de sus derechos fundamentales.
El Tribunal Oral Penal de Temuco condenó a 541 días de presidio remitido a Emilio Berkhoff Jerez (26) por el delito de maltrato de obra a carabinero con resultado de lesiones menos graves. El ex estudiante de Antropología, sindicado por el Gobierno como uno de los cabecillas de la Coordinadora Arauco Malleco, recibió la pena […]
Durante la jornada del jueves se llevaron a cabo los alegatos finales de la apelación de segunda instancia por la desaparición de tres ciudadanos uruguayos durante la dictadura chilena. Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk fueron detenidos por carabineros poco después del golpe de Estado, cuando pretendían cruzar la frontera con Argentina. Los acompañaban […]
La ministra en visita de causas por derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González, dictó procesamiento en contra de dos miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad por los delitos de secuestro y homicidio calificado en causa caratulada como “Caravana de la Muerte, episodio Calama”. La magistrada González sometió a […]
La Corte de Apelaciones de Rancagua condenó al fisco a pagar una indemnización de más trescientos diez millones de pesos a los familiares de un trabajador que murió producto de la caída del puente Coinco, en mayo de 2008. En fallo unánime, los ministros de la Primera Sala Raúl Mera, Ricardo Pairicán y Carlos Farías […]
La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos convocó a varias actividades esta semana, por la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Una masiva marcha se desarrolló por las calles de Santiago hacia el Cementerio General, en la que organizaciones sociales y familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos coincidieron en la necesidad de cultivar la memoria histórica.
Figuras políticas y sociales se reunieron en el ex Congreso Nacional para reflexionar sobre la figura de Salvador Allende, con motivo de la conmemoración de los 40 años del golpe militar. En esa instancia, el presidente del Senado aseguró que “un perdón puramente retórico y abstracto no contribuye al desafío de la reconciliación” y la hija de Salvador Allende, senadora Isabel Allende, afirmó que la figura de su padre “continúa iluminando nuestra historia”.
La Corte Suprema reconoció “dejación de funciones” sobre su desempeño durante la dictadura, pero evitó pedir perdón por el masivo rechazo de recursos de amparo en la década de los ‘70 y ’80, con los cuales los familiares de víctimas buscaban saber el paradero de personas ilegal y arbitrariamente detenidas.
El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, se referirá este viernes –a continuación del Pleno del máximo tribunal- al rol de ese poder del Estado durante la dictadura, luego que la Asociación de Magistrados cuestionara su papel en materia de protección de los derechos fundamentales, vulnerados durante dicho régimen. El Presidente Sebastián Piñera se sumó a las críticas al Poder Judicial.
La acción judicial fue presentada en contra de Pedro Pablo Barrientos Nuñez, ex oficial del ejército que estaba a cargo del centro de detención y tortura en el Estadio Chile, lugar donde fue asesinado el cantautor. “Es un honor poder contribuir desde EEUU con esta demanda al incansable esfuerzo de la familia de Víctor Jara así como al trabajo de los jueces y fiscales chilenos”, sostuvieron los demandantes.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó Manuel Lagos y a su proveedor Hans Quinteros a la pena de 3 años y 1 día de cárcel, con el beneficio de libertad vigilada, por el delito de tráfico de drogas.
Representantes del Poder Judicial reconocieron una “responsabilidad histórica” de la institución y pidieron perdón a las víctimas de la dictadura y sus familiares por haber incurrido en acciones y omisiones impropias de su función, que contribuyeron a la desprotección de los derechos humanos en una época en la que fueron particularmente vulnerados.
Además de ser víctimas de los métodos de tortura efectuados contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.
La Defensoría Penal Pública dio a conocer 29 casos de personas injustamente castigadas por los tribunales y relevó la importancia de realizar cambios legislativos para establecer indemnizaciones, ampliar las causales para rehacer un juicio si es que una víctima se desdice del reconocimiento de un sospechoso, e igualmente reducir el uso de testigos sin rostro, porque en este caso no es posible establecer la credibilidad de un denunciante. Este llamado de la Defensoría se realizó en el marco de la presentación del llamado “Proyecto Inocentes”, que recoge testimonios en profundidad de personas detenidas y condenadas injustamente.
En pleno proceso de constitución está el tribunal de arbitraje que determinará el monto de la indemnización que el Estado chileno deberá pagar a Víctor Pey, dueño del Diario El Clarín, luego del fallo del CIADI.
