La polémica Ley de Pesca impulsada por el ex ministro Pablo Longueira sigue dejando dudas sobre su aplicación y beneficios. Los principales cuestionamientos surgen desde las federaciones de pescadores artesanales, aunque parlamentarios de la zona concuerdan en introducir modificaciones. El subsecretario Raúl Súnico es el encargado de impulsar el diálogo, quien ya recibe críticas por sus vínculos en la región del Biobío.
El Gobierno ratificó que realizará una completa revisión y evaluación de los alcances de la Ley de Pesca, impulsada por el ex ministro de Economía, Pablo Longueira. El subsecretario de pesca, Raúl Súnico, corroboró la información luego de reunirse con el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) con quienes fijaron una agenda de trabajo.
Luego de la cuenta pública que el presidente Piñera realizara en Aysén, dirigentes hablan de la disconformidad ante las promesas incumplidas del gobierno. El bono leña y la ley de pesca son las principales medidas que afectan a los trabajadores de la zona.
El vicepresidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp), Nelson Estrada, calificó como “un chiste” la resolución determinada por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, que contempla la devolución de asignaciones mal utilizadas por más de tres millones y medio de pesos.
Los expertos designados para integrar los Comités Científico-Técnicos de la Ley de Pesca, llamaron a “no hacerse grandes expectativas” sobre la capacidad de estas instancias para revertir la situación de sobrepesca que se observa en Chile, particularmente por el riesgo que enfrentan especies como sardina, anchoveta, congrio, jurel, merluza y erizo, entre varias otras que están sobre-explotadas. Lo anterior, mientras el Gobierno insiste en que estos comités van a permitir “la toma de decisiones más técnicas y menos políticas sobre los niveles sustentables de extracción pesquera”.
La Comisión de Ética de la Cámara Baja citará nuevamente, la próxima semana, a la diputada independiente pro Alianza, Marta Isasi, luego de una nueva denuncia que la relaciona con la Compañía Pesquera Camanchaca. La parlamentaria habría intervenido a favor de la empresa para que se adelantaran cuotas de pesca de jurel, una de las especies sobre-explotadas en el mar chileno.
Incertidumbre han manifestado varios expertos a causa del silencio del Gobierno respecto de la configuración de los comités científico-técnicos que establece la Ley de Pesca. Estos comités deben estar conformados en agosto, y la Subsecretaría de Pesca no ha informado sobre los criterios que usará para crearlos.
La Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes) denunció un nuevo conflicto de interés en la votación de la Ley de Pesca, por vínculos familiares de la diputada Mónica Zalaquett con el dueño de la pesquera Blumar, Rodrigo Sarquis. La parlamentaria señaló que este caso está en regla, dispuesta a que sea revisado por la comisión de Ética.
Blumar S.A de Rodrigo Sarquis Said, donde oficia como presidente del directorio, está además cuestionada por sus lazos con el diputado Jorge Ulloa, proceso que se encuentra en revisión en la Comisión de Ética de la Cámara Baja. Esta empresa se benefició con la entrega de licencias de pesca por 20 años renovables automáticamente.
Organizaciones de la sociedad civil, junto al Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, presentaron nuevos antecedentes sobre relaciones comerciales entre la industria pesquera y legisladores oficialistas. Los datos fueron remitidos a la comisión de Ética de la Cámara de Diputados, instancia a la que solicitan, además, que respalde la creación de un comité investigador de las transferencias de dineros a parlamentarios desde 2009 a la fecha. Los legisladores de oposición presentarán, durante este martes, una moción parlamentaria para derogar la Ley de Pesca.
La parlamentaria insistió en su inocencia al inicio de la sesión ordinaria de la cámara baja este miércoles. “Yo voté en contra del informe de la comisión mixta sobre la Ley de pesca”, aseguró en el hemiciclo.
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