Durante las próximas semanas, el espacio de memorias presentará una colección digital que pone en valor una parte del archivo creado al alero de la revista fundada en 1965. En específico, se trata de una serie que se enfoca en el movimiento popular chileno y que transita por los años de la Unidad Popular, la dictadura y los ‘90.
La directora de Londres 38, Erika Hennings, hizo un llamado a “estar súper vigilantes aunque no es algo que nos competa, sino que competa, sino que compete a los poderes del Estado”.
La ministra en visita con dedicación exclusiva en casos de derechos humanos, Marianela Cifuentes, condenó además a los ex funcionarios del órgano represivo por aplicación de torturas de índole sexual de ex presa política
En total, son cerca de catorce instituciones afectadas, entre ellas, Londres 38, el Parque por la Paz Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. El reajuste afectaría ítems vinculados a la seguridad, el cuidado de la infraestructura y el resguardo de colecciones.
Las actividades buscan instaurar oficialmente en Chile el Día Contra el Racismo, además de recordar a las personas que fallecieron por abandono y omisión de los deberes del Estado chileno, o por la acción criminal de sus agentes.
La casa de memoria afirmó que “el TC responde a los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad, de los grandes empresarios, y criminales de lesa humanidad, que gracias a su actuar siguen libres en las calles”.
La pieza audiovisual ha sido difundida por redes sociales con el objetivo de denunciar las libertades condicionales y reducción de penas de los condenados por violaciones a los Derechos Humanos. También busca poner en entredicho el nuevo proyecto de ley sobre la materia.
Para este año, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia se redujo en un 23 por ciento. Para Gloria Elgueta, directora miembro de la Mesa de Trabajo de Londres 38, estas señales reflejan el retroceso que ha habido en materia de derechos humanos durante el actual gobierno.
La acción, realizada en el centro comercial este martes 11 de septiembre, busca recordar a las víctimas de la dictadura a través de la denuncia en espacios públicos para hacer conciencia sobre la impunidad y las libertades condicionales entregadas recientemente a seis ex reos de Punta Peuco.
Justo el día en que la oposición presentó una acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema por otorgar libertad condicional a cinco reos de Punta Peuco, un grupo de familiares de condenados por violaciones a los DDHH anunció la creación del Museo de la Verdad. La medida se suma al Museo de la Democracia dado a conocer por el Ejecutivo.
La resolución surgió luego de que Carabineros extraviara nueve obras expuestas por Londres 38 en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado. Gloria Elgueta, vocera del espacio de memoria, indicó que la intervención se produjo porque la institución determinó que las piezas podían afectar el orden público, argumento que calificó como grave.
A casi 28 años del regreso a la democracia, Chile no cuenta con políticas públicas que garanticen el ejercicio de la reflexión y memoria histórica. Esto se evidencia en que de los más de mil centros de tortura y detención utilizados en dictadura, solo cuatro cuentan con recursos públicos y están abiertos a la comunidad, luego de ser recuperados por organizaciones de Derechos Humanos (DDHH).
Según la acción judicial, la eliminación de documentos habría ocurrido en el año 2000 durante una mesa de diálogo conformada para esclarecer la información sobre las causas de violaciones a los DDHH en dictadura. Frente a ello, la abogada de la organización, Magdalena Garcés, indicó: “Nos parece que no ha habido una búsqueda rigurosa de esa información, sino más bien aparecen ciertas tendencias de ocultamiento y encubrimiento”.
Se trata de la Pesquera Arauco, a la que le atribuyen, entre otros hechos, el haber trasladado a presos políticos durante la dictadura por medio de sus camionetas frigoríficas. La organización detrás de esta acción judicial afirma que es la primera de estas características, que busca castigar a una compañía que habría sido integrada por militares y personas de la sociedad civil.
Distintas organizaciones de derechos humanos homenajearon a las víctimas de la represión estatal de quienes hasta hoy se desconoce su paradero y apuntaron a los casos ocurridos en democracia.
Como “nefasto” y “grave” calificaron organismos de DDHH las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, quien se mostró favorable a la entrega de beneficios carcelarios a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y alertaron que estos planteamientos podrían perjudicar los procesos judiciales que se llevan a cabo.
Desde la Agrupación respondieron con duras críticas a las palabras de la ahora subsecretaria de Derechos Humanos. Además, manifestaron su preocupación por los temas omitidos en la entrevista, como la deuda que Chile tiene con las víctimas de la Dictadura.
