“No podemos responder sino lo que dice la Ley de Datos Personales”, señaló el ministro de Justicia, respecto a la opinión que el TC requirió del Ejecutivo respecto al acceso de información que solicitaron los senadores requirentes.
De todas formas, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que la misiva no afecta las relación bilateral entre Chile y Argentina, asegurando que esta “está muy robusta y que tenemos un conjunto de temas que vamos a seguir trabajando”.
Reabriendo el debate sobre las deficiencias del sistema notarial y de conservadores, el secretario de Estado afirmó que “muchas de las exigencias clásicas que se incorporan en la ley, hoy día no tienen justificación”.
El titular de la cartera se refirió a la admisibilidad de los requerimientos de la oposición para impugnar los indultos presidenciales y afirmó que con esta determinación del Tribunal “se tiende a ordenar la discusión jurídica” sobre la materia.
La oposición apuntó que la defensa de la ex autoridad dejó un flanco abierto en el Gobierno sobre las motivaciones en la concesión del beneficio. En tanto, el oficialismo insistió en que no habría vicios en la fundamentación de los decretos.
En la Comisión Revisora de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo recalcó que la calificación y concesión de indultos son una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que consideró que el libelo debe fundarse en “motivos de legalidad”.
El titular de Justicia si bien reconoció la complejidad en el debate en torno al beneficio presidencial, afirmó que los decretos fueron tramitados de manera correcta. Asimismo, descartó la existencia de presos políticos en Chile.
Consultado por la posibilidad de revertir los beneficios, el nuevo ministro de Justicia indicó que aún no conoce los antecedentes para tomar esta decisión. “La aplicación de los indultos desde la década del ’90 ha sido conflictiva”, señaló.
Tras una reunión con el presidente Gabriel Boric, el abogado y académico de la Universidad de Chile asumió la cartera en medio de los cuestionamientos a los indultos otorgados por el mandatario a 13 personas.
El libelo contra la secretaria de Estado apunta a una presunta vulneración de la Constitución y las leyes respecto de la concesión de los indultos presidenciales y beneficios carcelarios entregados a reos de la denominada Macrozona Sur.
En medio de la nueva crisis que enfrenta el Gobierno tras la renuncia de la titular de Justicia, la líder de la colectividad oficialista además dijo esperar que “estos impasses sean cada día menos”.
Desde RN adelantaron que mantendrán la acusación constitucional contra la ahora ex titular de Justicia, Marcela Ríos. Desde el oficialismo, Tomás Hirsch señaló que “los ataques de la derecha han sido totalmente injustificados”.
