Santibáñez, Mulet y Giordano impulsarán la instancia que busca revisar la relación de organismos estatales con el ente rector del fútbol nacional, conmocionado por irregularidades y la integración vertical entre clubes y agentes de jugadores.
El titular de Justicia relevó la importancia de la iniciativa para reconstruir las circunstancias en que las víctimas de la dictadura fueron objeto de desapariciones forzadas, a través de una política pública permanente en el país.
El subsecretario de Justicia resaltó la importancia de abordar las especificidades del sistema penitenciario femenino y apuntó que esta es una discusión en la que el Estado debe hacerse responsable.
La iniciativa logró amplio acuerdo y espera ser promulgada por el Ejecutivo. Ministro de Justicia, Luis Cordero, subrayó que se trata de un paso más en el proceso de modernizar el sistema.
Tras reunirse con el fiscal nacional, el titular de Justicia respondió a los dichos del alcalde de Calama sobre el recinto penitenciario que se emplazará en la comuna y anunció la aceleración de planes de infraestructura en distintas zonas del país.
Asimismo, hizo hincapié en el apoyo a los funcionarios de Gendarmería y en la necesidad de esclarecer la autorización de los elementos encontrados en el penal.
Con obras que constituyen una inversión de 3.756 millones de pesos, el recinto se reincorpora a los 7 módulos con los que se cuenta a lo largo del país, con una capacidad para recibir a 296 personas. 29 personas han ingresado a la fecha.
Con la instancia, el subsecretario Monsalve anunció que “vamos a transferir 4 mil 867 millones de pesos a Gendarmería para fortalecer las capacidades de sus recintos penitenciarios, para tener también seguridad” en los penales.
El titular de Justicia defendió la forma y modo en que se dieron curso a los indultos presidenciales y llamó a la ciudadanía a “estar tranquila” luego de la decisión del tribunal.
El titular de Justicia indicó que los informes negativos de Gendarmería sobre los condenados no son vinculantes con la decisión del Presidente y relevó que cerca del 65% de los beneficiados son reincidentes o tienen antecedentes previos.
“No podemos responder sino lo que dice la Ley de Datos Personales”, señaló el ministro de Justicia, respecto a la opinión que el TC requirió del Ejecutivo respecto al acceso de información que solicitaron los senadores requirentes.
De todas formas, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que la misiva no afecta las relación bilateral entre Chile y Argentina, asegurando que esta “está muy robusta y que tenemos un conjunto de temas que vamos a seguir trabajando”.
Reabriendo el debate sobre las deficiencias del sistema notarial y de conservadores, el secretario de Estado afirmó que “muchas de las exigencias clásicas que se incorporan en la ley, hoy día no tienen justificación”.
El titular de la cartera se refirió a la admisibilidad de los requerimientos de la oposición para impugnar los indultos presidenciales y afirmó que con esta determinación del Tribunal “se tiende a ordenar la discusión jurídica” sobre la materia.
La oposición apuntó que la defensa de la ex autoridad dejó un flanco abierto en el Gobierno sobre las motivaciones en la concesión del beneficio. En tanto, el oficialismo insistió en que no habría vicios en la fundamentación de los decretos.
En la Comisión Revisora de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo recalcó que la calificación y concesión de indultos son una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que consideró que el libelo debe fundarse en “motivos de legalidad”.
El titular de Justicia si bien reconoció la complejidad en el debate en torno al beneficio presidencial, afirmó que los decretos fueron tramitados de manera correcta. Asimismo, descartó la existencia de presos políticos en Chile.
