El anuncio del traspaso de facultades a los funcionarios municipales levantó gran controversia, ya que tal decisión solo puede ser tomada a través de una ley. El gobierno aseguró que el retiro del decreto no implica un cambio en el anuncio realizado por el propio Presidente la semana recién pasada.
La consulta ciudadana, realizada prácticamente en todas las regiones del país, permitió conocer de primera fuente, lo que nuestra sociedad está pensando en los temas político – institucionales; agenda social y los temas locales que deben enfrentar las municipalidades del país.
Este primer computo corresponde solo a las votaciones de las 29 municipalidades que incluyeron la modalidad digital para este proceso.
Este domingo, la AChM anunció que se conocerán los primeros cómputos a partir de las 18 horas.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el alcalde de Estación Central se refirió la consulta constituyente que organizan para el 15 de diciembre y al acuerdo que buscan lograr entre la oposición y el oficialismo para una nueva Constitución. “
El objetivo del proceso es definir las prioridades de los chilenos en materia social, así como consultar en torno al proceso constitucional que se desarrollará en abril del 2020 en el país. Paralelamente, cada comuna realizará consultas de interés local para fortalecer la interacción de las necesidades de los vecinos y los proyectos municipales.
En esa línea, el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, indicó que luego la negociación parlamentaria, “no tiene sentido sostener la consulta”.
El Premio Nacional de Historia aborda su último libro, que recorre la historia de una soberanía comunal que fue cercenada con el paso del tiempo. “El pueblo es muy poderoso donde vive, pero es muy débil en el Estado central”, dice.
La actividad contará con la participación de Mario Rosales (académico y experto en descentralización, desarrollo territorial y gestión municipal), Carolina Leitao (abogada y alcaldesa de la Municipalidad de Peñalolén), Claudio Orrego (ex intendente de la Región Metropolitana de Santiago), entre otros.
Una declaración jurada del representante de la empresa ante el Servicio de Evaluación Ambiental permite a las constructoras visar los proyectos, pese a que para su ejecución deberían ser sometidos a un Estudio de Impacto Ambiental en el que se integre la participación ciudadana con un plan de mitigaciones.
El negocio inmobiliario en Puerto Montt se ha aprovechado de las medidas de emergencia por escasez hídrica, ya que lotean terrenos, los venden a bajo precio y traspasan el problema de factibilidad de agua a la municipalidad que, al no contar con red en los sectores rurales, debe utilizar camiones aljibes para suministrar del vital elemento a las personas que adquieren terrenos sin factibilidad de agua potable.
Otras 17 comunas han elevado solicitudes al ISP con el fin de poder contar con establecimientos municipales que provean de medicamentos a sus vecinos.
Antes de que se implemente el proyecto de desmunicipalización, los alcaldes buscan que el Gobierno responda qué ocurrirá con sus pasivos. En reunión con el ministro de Educación plantearon esta inquietud y desde ya adelantan que este déficit se debe pagar con recursos fiscales.
Este sábado comenzó a regir la ley que regula al lobby. A juicio de la experta en gobierno abierto, es fundamental seguir avanzando en fiscalización de la política. Sin embargo, calificó a la ley de un primer buen paso.
La arremetida que hace algunos meses hicieran los apoderados de colegios particulares subvencionados es vista como una instrumentalización de la UDI, pero también de los propios sostenedores de dichos establecimientos. Sin embargo, estos se defienden argumentando la libertad de elegir el proyecto educativo más acorde a sus grupos familiares.
El Consejo de Defensa del Estado informó que actualmente son 17 los municipios que se investigan por desviar fondos de la Ley SEP, a fines distintos por un total de 16 mil millones de pesos. Municipios se defienden reclamando déficit de fondos fiscales para los establecimientos, mientras profesores exigen que se investigue y sancione a los alcaldes y responsables de las malversaciones o posibles fraudes.
Solo 42 municipalidades han transferido los dineros acordados durante el gobierno de Piñera, como parte del término de conflicto llamado “Paro de la Basura”, lo cual se ha visto obstaculizado, según detalla un informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Alcaldes se suman a las demandas de los trabajadores y se comprometen a acelerar el proceso.
