Luego de la determinación del Tribunal Ambiental de anular la multa impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente y sancionar por cada una de sus faltas a la minera Barrick Gold por los incumplimientos del proyecto Pascua Lama, el debate se trasladó al Congreso. Parlamentarios de oposición pidieron a la Cámara de Diputados votar en contra del Informe de la Comisión Investigadora sobre Pascua Lama y el senador PPD, Guido Girardi, propuso una profunda reforma a la institucionalidad ambiental.
La Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama analizará el permiso otorgado al proyecto, que fue paralizado por no cumplir con las condiciones que se le habían exigido.
La demanda que han liderado las organizaciones sociales y comunidades diaguitas del Valle del Huasco contra la empresa dueña del proyecto Pascua Lama, Barrick Gold, sigue su curso. Este martes, se presentó ante el Segundo Tribunal Ambiental, un testimonio clave que vendría a confirmar daños directos al medio ambiente producidos por el proyecto de mega minería.
La comisión investigadora de la situación ambiental por los efectos del proyecto Pascua Lama emitió un informe final que cuenta con la desaprobación de parlamentarios y comunidades. De todas formas, es probable que este se revise luego del receso parlamentario y con un nuevo Congreso, donde esperan sea rechazado.
Demandantes contra el proyecto minero Pascua Lama testificaron ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, como parte del proceso que busca detener definitivamente los trabajos que se realizan en la tercera región, y que ha significado un daño irreversible para los glaciares. Recordemos que las obras se encuentran paralizadas por una orden judicial, lo que se suma a la multa de 16 millones de dólares aplicada a la empresa por la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Qué novedades se anuncian como parte de este largo proceso?
Greenpeace Chile presentó una denuncia ante la Superintendencia de Medioambiente, donde señalan que Barrick Gold, empresa ejecutora del proyecto Pascua Lama, adulteró su propia autodenuncia ante la SMA por daños ambientales. Con ello, las organizaciones y vecinos subrayan que este proyecto minero es insostenible debido a su constante intención de ocultar información.
Los ministros del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago emitieron duras críticas en relación a la falta de transparencia con la que operó la autoridad ambiental regional en el caso Pascua Lama, la que entregó un expediente incompleto a pesar de señalar que la documentación correspondía al expediente administrativo completo y que se hacía llegar al Tribunal debidamente foliado y autentificado.
El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago denunció mediante un oficio dirigido a la dirigido a la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental, que el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama mutiló intencionalmente el expediente de Fiscalización y Seguimiento del proyecto Pascua Lama. Esto se descubrió luego de que las comunidades entregaran parte de los documentos faltantes.
Este jueves comenzó una visita al campamento de Pascua Lama, donde una delegación del Segundo Tribunal Ambiental revisó las instalaciones del proyecto minero binacional. El equipo fue encabezado por el ministro del Segundo Tribunal Ambiental, Sebastián Valdés de Ferrari, junto al secretario del Tribunal y experto científico, Ricardo Serrano Rojas, además de representantes de los reclamantes: Sebastián Cruz integrante de la comunidad diaguita Patay Co.
Este miércoles declaró ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el Obispo de Copiapó, Gaspar Quintana. Mientras, siguen adelante las acciones legales y administrativas y los cuestionamientos a la iniciativa, todo esto cuando la empresa continúa paralizada y, desde Argentina, hace pocos días, se criticó la forma en la que ha operado nuestro país.
La magnitud del daño provocado por Pascua Lama es irreparable. Así lo entienden los ciudadanos de Vallenar, quienes protagonizaron una masiva marcha en contra de este proyecto minero. Las comunidades indígenas se suman a este rechazo, exigiendo habitar en un valle sano que asegure la vida de las futuras generaciones.
Una serie de incertidumbres ha dejado el anuncio de suspensión indefinida del proyecto minero Pascua Lama por parte de la empresa canadiense Barrick Gold. Mientras los mismos empresarios cuestionan los incumplimientos de la RCA, los especialistas apuntan no sólo a los graves impactos ambientales del proyecto, sino que también a la soberanía nacional, tanto de Chile como de Argentina.
Este viernes se llevará a cabo la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se titula “Situación de derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas”, en el marco del 149º período de sesiones […]
La minera canadiense Barrick Gold informó la suspensión temporal de las labores de construcción. Organizaciones sociales y ambientalistas consideran que la iniciativa está amenazada y piden que se revoque definitivamente su autorización.
La compañía canadiense explicó que la determinación se enmarca en un plan para reducir costos, pero mantendrá la opción de “retomar el ritmo de construcción y finalizar el proyecto”.
El Gobierno firmó la denominada “Convención de Minamata sobre mercurio”, referida a la prohibición de explotación de yacimientos mineros de este metal pesado, que en nuestro país está presente en condiciones críticas en ciudades como Arica, Copiapó, Chañaral y Puchuncavía, con efectos neurotóxicos y cancerígenos sobre la población. Los ambientalistas han cuestionado que el Ministerio de Minería expresara “letra chica” al momento de firmar esta convención, lo que fue interpretado como una defensa de las corporaciones canadienses presentes en Chile.
Como “un proyecto aprobado de forma ilegal” calificó a Pascua Lama el abogado de comunidades diaguitas, Lorenzo Soto, al participar de una nueva sesión de la Comisión Investigadora de la situación ambiental por los efectos de dicha iniciativa minera. Ante los parlamentarios, el jurista cuestionó la institucionalidad chilena.
