Aunque la postergación de la entrada en vigencia de la normativa ya fue rechazada en la Comisión de Pesca, sigue pendiente la decisión en Sala, fijada como primer punto en la tabla de la sesión de este martes. Mientras los pescadores industriales siguen pidiendo que se extienda el plazo, desde el sector artesanal aseguran creer en que los parlamentarios respetarán lo ya establecido.
La jornada de este lunes, un grupo de parlamentarios de oposición, junto con dirigentes pesqueros, entregaron una misiva en La Moneda para que la aprobada ley no sea vetada ni enviada al Tribunal Constitucional. Esto, en un marco de protestas a nivel nacional que ha llevado a cortes de caminos y carreteras.
Durante este viernes los trabajadores pesqueros han iniciado varias manifestaciones en las regiones del Maule y Bío Bío para manifestar su posición frente a la ley que restringe la caza de jibia solo a la línea de mano prohibiendo la pesca de arrastre que usa el sector industrial.
Pescadores rechazaron la llegada a Puerto Montt del barco que contiene miles de salmones descompuestos. Para Juan Carlos Viveros, vocero del Movimiento Defendamos Chiloé, la embarcación se ha transformado en el invitado más indeseable del sur de Chile.
Un proyecto que establece que la caza del molusco solo sea realizado con potera, excluiría a los pescadores industriales, hecho que dejaría sin empleo tanto a quienes se dedican a la recolección como a quienes trabajan en las plantas procesadoras del producto.
Los dirigentes aseguran que la propuesta del Ejecutivo no incluye las demandas del sector que terminaría con los beneficios que gozan a perpetuidad las siete familias dueñas de la industria.
El petitorio tiene como contexto la actual crisis social, productiva, económica, sanitaria, ambiental y moral, consecuencia de más de tres décadas de imposición en el archipiélago de Chiloé de un modelo extractivista, productivista, exportador, que ha saqueado y destruido nuestro territorio y maritorio”, se lee en el comunicado difundido por las organizaciones sociales.
Dirigentes de la pesca artesanal y expertos sostuvieron que la permanencia de Raúl Súnico en la subsecretaría de Pesca y Acuicultura era “insostenible”. Luego de publicación de correos que lo vincularían con “favores” hacia las grandes empresas del rubro, la ex autoridad aseguró que sale del cargo porque “necesita concentrarse en la defensa pública de su honra”.
La minera, que se ubicaría a 30 kilómetros de la reserva, podría acabar con la vida de los protegidos animales. Además, afectar directamente la labor de la pesca artesanal que en esa zona se nutre de locos y machas. Los pescadores protestan para exigir al gobierno que ponga término el proyecto.
Denisse Alvarado, representante de los pescadores artesanales de Quellón criticó el acuerdo que permitió que seis comunas se bajaran de la movilización en el archipiélago. “El Ejecutivo divide para gobernar”, señaló la dirigente.
Dirigentes de los pescadores de Chiloé criticaron las declaraciones del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes que pidió “ser más sensatos con las demandas” para retomar las negociaciones y anunciaron que la movilización continuará “el tiempo que sea necesario”. Hoy se permitió el ingreso de camiones a la Isla Grande.
Durante las primeras semanas de marzo el ex ministro de Economía del Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, deberá prestar declaración ante el Ministerio Público como testigo en el marco del Caso Corpesca.
Pymes pesqueras valoraron aprobación que apunta a cambios profundos en la ley, incluida la apertura del mercado pesquero.
Una propuesta para modificar la Ley de Pesca, también conocida como Ley Longueira, suscita la inquietud de los pescadores artesanales agrupados en el Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero Condep, quienes no fueron consultados sobre los cambios al cuerpo legal y exigen, que su anulación
La iniciativa impulsada por el diputado PC Daniel Nuñez, agrega que se debe decretar la línea de mano como el único arte de captura del calamar. También se pide “otorgar urgencia a la moción que Modifica Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia.
Los trabajadores del mar se acercarán a finales de junio a La Moneda. La iniciativa también tendría el apoyo del Congreso, desde donde anunciaron que la ley debe ser anulada.
Luego que el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, declarara ante los tribunales, se confirmó que el senador Jaime Orpis (UDI) recibió dos millones de pesos mensuales durante tres años y medio. El caso, se suma a los aportes irregulares ya investigados en el caso de la ex diputada Marta Isasi. Los pescadores piden que se profundicen las investigaciones y que se extiendan a los parlamentarios y las empresas del sur del país.
