El director del Servicio Nacional de Menores, Rolando Melo, hizo una férrea defensa de su gestión ante los antecedentes que dio a conocer el informe de Unicef y el Poder Judicial sobre reiterados abusos a menores en hogares del organismo.
Conocido el informe de Unicef, las críticas al Sename se presentan de distintos actores. A las observaciones emanadas del Poder Judicial, se suma el testimonio de familiares de las víctimas, que apuntan a que Rolando Melo sabía estos casos, y no hizo nada ante evidentes abusos.
El informe de Unicef que denunció maltratos, violencia e incluso prostitución en los centros del Servicio Nacional de Menores, originó una serie de respuestas de los tres poderes del Estado. A la revisión de la Corte este viernes, se suma la propuesta desde la Cámara Baja, para que la comisión de Familia sea investigadora en este caso.
Los ministros de la Corte Suprema revisaron el informe sobre la situación del Servicio Nacional de Menores (SENAME), luego que se supiera de casos de abusos sexuales, prostitución y consumo de estupefacientes en varios de estos centros. Expresaron cuestionamientos a la metodología del estudio en que participó Unicef, y ordenaron que los jueces de Familia elaboren informes periódicos de sus visitas a estos centros.
El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, nombró al fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Juan Agustín Meléndez, para que investigue los eventuales delitos cometidos en contra de niños menores de edad al interior de centros del Sename o recintos de organismos colaboradores de la institución estatal.
La crisis desencadenada en el Sename luego del último informe que reveló abusos en los centros de la entidad continúa y evidencia otro de los factores que tiene en crisis al sistema: la escasez de personal y la escasa infraestructura disponible. Mañana el pleno de la Corte Suprema revisará los antecedentes de este tema.
Esto se genera luego de conocerse un informe, mandatado por jueces de familia, y elaborado con el apoyo de la Unicef, donde se indagó las condiciones de vida de unos 6.500 niños de hogares de menores de todo el país y que detectó la existencia de una serie de abusos en cuatro recintos de la entidad estatal. Parlamentarios solicitaron al Fiscal nacional que investigue el tema.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, presentó un proyecto de ley que optimizará la Ley de Adopción. Esto significa agilizar los plazos del proceso y sumar nuevos requisitos. La iniciativa surge luego de la polémica generada por el cabo José Luis Paredes, que quiere adoptar a una niña que está bajo su protección, en Puerto Montt.
María Elena Andonie, periodista y madre adoptiva de tres menores haitianas, realizó este domingo en Peñalolén una manifestación acusando que las niñas le «fueron arrebatadas por el Sename hace tres años y medio». La profesional perdió la tuición en 2009 después de que el Sename la demandara por la legalización de documentos de las menores, […]
El proyecto de ley que se discute en la Cámara, que dividirá en dos organismos al actual Servicio Nacional de Menores, ha recibido distintas críticas. Mientras los funcionarios apuntan a un innecesario cambio de ministerios, también surgen críticas al tratamiento de casos judiciales, siempre con el financiamiento como una deuda desde el Estado. Se espera que durante este gobierno finalmente se vote la reforma a la protección de menores.
El Ministerio de Justicia encargó a una comisión de expertos la elaboración de reformas a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), reunión que se concretará el 28 de marzo. Una de las modificaciones en la que coincidieron especialistas, parlamentarios y los funcionarios del Sename reside en la necesidad de dividir los centros de rehabilitación por edades. La Asociación de Funcionarios de la institución acusó además que se trata de medidas que se discuten “a puertas cerradas”.
La periodista Elena Andonie, junto a su abogado, interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Menores (Sename), denunciando la confabulación realizada por el organismo de Gobierno, en el arrebato arbitrario de sus hijas adoptivas.
Las menores haitianas, habían sido adoptadas por la periodista en el país de origen, cumpliendo con todas las normas legales, sin embargo, y llegadas a Chile, comenzó la persecución que, como acusó la madre, “es personal”.
El Gobierno convocó a un grupo de expertos y parlamentarios que deberá hacer recomendaciones para modificar la normativa. Entre los especialistas advierten que el foco no puede ser aumentar penas y la construcción de cárceles, sino que en la protección de derechos y en medidas que se vinculan también con educación, salud y trabajo.
Si bien, desde la Fiscalía aseguran que se ha logrado una mayor experticia para abordar el tema, organizaciones llaman la atención respecto de la falta de recursos que existen para poder tratar y acoger a las víctimas, tanto en Santiago como en regiones.
