En materia de conflictos de interés, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó una indicación que prohíbe que agentes de jugadores, sus socios o familiares, sean propietarios o directivos de clubes en la misma disciplina.
Con el proyecto todavía en discusión, la propuesta obliga a las ligas profesionales a contar con autorización de la CMF. También se discutieron normas sobre fútbol femenino y participación de hinchas en los directorios de los clubes.
El Congreso comenzó a votar las indicaciones clave para modificar la ley que rige a las entidades que dirigen el balompié nacional, buscando mayor fiscalización y la separación definitiva de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile.
El diputado Andrés Giordano criticó la falta de respuestas de Pablo Milad cada vez que se le ha citado a la Comisión de Deportes. Además, insistió en la propuesta de la creación de una institución estatal encargada de fiscalizar a la ANFP.
Fernando Monsalve puso en duda las “medidas parche” de la ANFP en esta materia y criticó a las Sociedades Anónimas por incumplir las promesas que hicieron cuando llegaron al fútbol chileno. Además, se refirió al estigma contra los hinchas del fútbol.
La iniciativa fue apoyada por toda la Sala de la Cámara de Diputados, lo que fue considerado como un paso sustantivo por las parlamentarias que impulsan la medida y las dirigentas de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. “Todas las que nos paramos en una cancha y en cualquier lugar, esperamos y merecemos lo mismo y hoy día no lo tenemos”, indicó la presidenta de la Anjuff, Iona Rothfeld.
Grupos de hinchas de los dos clubes más grandes del fútbol profesional chileno han comenzado un trabajo de recuperación de estas instituciones que hoy se encuentran bajo el control de las Sociedades Anónimas Deportivas. Apuntan a devolver los valores y principios que a su juicio, marcaron el nacimiento de estos clubes deportivos.
La segunda Sala determinó en forma unánime, que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) debe entregar los antecedentes por la formulación de cargos contra Julio Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de SQM. Esto luego que la SVS negara al Ministerio Público el acceso al expediente, por considerar “falta de garantía en la reserva de la información”.
