Ana Ramos, presidenta del Consejo de Pueblos Atacameños, indicó que los recursos de protección interpuestos en contra del acuerdo de la minera no metálica y Corfo se deben, entre otras cosas, porque “una renovación del contrato de esta magnitud debería haber sido consultado por medio del Convenio 169, entonces hay una vulneración al pueblo indígena, nosotros todavía estamos en la cuenca del salar de Atacama”.
La suspensión condicional de la causa de cohecho, que obliga a SQM a pagar $2.550 millones, fue celebrado desde el Ministerio Público. Ciudadano Inteligente no aplaudió la medida ratificada por la Corte de Apelaciones. A juicio de su subdirectora, Colombina Schaeffer, hay una serie de situaciones que aún no ven la luz.
El recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado fue rechazado por la Corte de Apelaciones. Este caso, que implicará el pago de $2.500 millones de pesos para la minera no metálica, quedará en la historia como una muestra de la justicia negociada entre el Ministerio Público y la defensa de SQM, en una causa con gran connotación pública y que develó los delitos de cohecho y soborno en altas esferas de la política.
Con el recurso, iniciado por el Consejo de Defensa del Estado, se busca impugnar la suspensión condicional del procedimiento solicitado para la minera no metálica en el marco de la investigación por presuntos sobornos a figuras políticas cercanas al ex ministro Pablo Longueira.
Ana Ramos, representante del Consejo de Pueblos Atacameños, comentó que la medida de presión busca anular el acuerdo alcanzado, el cual permite a la minera no metálica explotar litio hasta el año 2030, aumentando su cuota de extracción.
La acción protesta respaldada por otras organizaciones y dirigentes sindicales, pretende presionar para revertir el acuerdo entre Corfo y Soquimich para la explotación del Litio.
En conversación con el programa Política en vivo de nuestra emisora, el representante de la Fundación Ciudadano Inteligente emitió duras críticas al rol del Ministerio Público desde la asunción de Jorge Abbott y fue lapidario con el funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) a quienes tildó de “inoperantes y negligentes”.
La salida alternativa contempla un informe de cumplimiento de normas anti corrupción que ya estaría implementando la firma. Desde el CDE no quedaron conformes con la resolución, por lo que evalúan apelar.
Desde Fiscalía se trama una suspensión del procedimiento, algo que fue condenado por dos parlamentarios del PC, quienes recolectarán firmas al interior del Congreso para presentarlas ante la Corte Suprema por su demanda.
El trato permite a la minera explotar litio en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando su cuota de extracción. Esto fue duramente criticado, dado los antecedentes que acusan a la compañía de financiar ilegalmente a políticos de todos los sectores.
El presidente de la colectividad en la Región del Bío Bío, Claudio Eguiluz, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para tener un proceso abreviado. Si bien la condena no le impediría ser candidato, la norma interna de Renovación Nacional complica su situación al interior del partido.
Durante el último tiempo las ganancias de las dos compañías que concentran la explotación del litio en Chile, SQM y Rockwood, ha aumentado considerablemente. Sin embargo, existen cuestionamientos que apuntan al daño medioambiental que podrían estar generando, principalmente por la falta de fiscalización que existe en el país.
Por 17 votos a favor y 7 en contra, la Corte de Santiago decidió desaforar al legislador por delitos tributarios. En sus alegatos, el fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez , aseguró que “estamos ante una mafia tributaria” y no descartó pedir una orden de detención en caso de que nuevamente se sustraiga de la acción de la justicia. En tanto, el senador ex PS reiteró su inocencia acusando una operación política en su contra.
Ell fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez, pidió que se volviera a formalizar al senador que por esta causa decidió suspender su militancia en la Democracia Cristiana. Además, presentó nuevos cargos en contra del ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner.
En fallo unánime, la novena sala del tribunal de alzada rechazó la petición de secreto elevada por la minera no metálica que, por tercera vez, intenta ocultar información sobre la exportación de litio desde Chile.
El presidente de la colectividad en el Bío Bío, cercano a Sebastián Piñera, enfrenta las últimas semanas de investigación por su arista en el caso SQM. Busca ser diputado, pero todo parece indicar que su situación judicial no estará resuelta en el momento de inscribir candidaturas.
Más allá del estricto apego a la ley, el “estándar ético” propuesto por Carolina Goic ha puesto en el centro del asunto a una serie de otros parlamentarios vinculados a conductas reñidas con la ética. Radio y Diario Universidad de Chile revisó algunos de los casos emblemáticos.
