Maisa Rojas señaló que el cierre de Ventanas se justifica porque “no es aceptable exponer a nuestras niñas y niños, personas mayores, vulnerables, enfermas a estos niveles de contaminación”. Presidente de Codelco adelantó que el proceso tomará años.
El Mandatario fue enfático en que “ningún trabajador se quedará sin empleo. Sus puestos están asegurados”.
Una vez más se generó una alerta en el marco de los episodios de alta contaminación en las comunas de Puchuncaví y Quinteros. Los estudiantes fueron derivados a un recinto asistencial.
Un monólogo que conjuga diferentes voces desde la historia de Ventanas-Quintero. Para el director y dramaturgo, José Antonio Luer, la apuesta teatral “empieza a recoger todos estos subterfugios que hay en la consecuencia de la zona de sacrificio”.
“Tenemos que entender este derrame de petróleo en un contexto de constantes contaminaciones”, señalaron desde Greenpeace, ONG que interpondrá una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente para exigir sanciones concretas contra los responsables del nuevo desastre ambiental que afecta la comuna considerada como zona de sacrificio.
La generadora estadounidense se acogió al Estado de Reserva Estratégica (ERE), instrumento recientemente aprobado por el Gobierno que le permitirá mantener sus centrales más pequeñas -que representan tan solo un 1,7% de la generación total de emisiones a carbón en Chile- en ‘hibernación’, mientras reciben una remuneración por parte del Estado. Un ‘traje a la medida’ para las carboneras que es cuestionado desde las organizaciones ambientales y desde el propio sector energético.
Las cifras son dramáticas: de cuatro varamientos en 2009 a 185 de estos episodios en 2019. El investigador Hernán Ramírez reitera una conclusión que se ha escuchado antes estos últimos años: “un abandono del Estado en la Bahía de Quintero”.
Se estima que para 2022 ya se encuentren cerradas las termoeléctricas de Ventanas 1 y 2, a las que se sumarán las de Mejillones para el año 2024.
A través de un comunicado de la organización ambientalista de Quintero y Puchuncaví, se dio a conocer que la dirigente Katta Alonso fue amenazada por un desconocido, que le aseguro que sería “la primera en tener que abandonar Ventanas”.
El senador PPD presentó una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente contra la División Codelco-Ventanas por emisiones ilegales de dióxido de azufre y pidió que se ordene la paralización de la empresa “hasta que se garantice la salud de la población”.
Los organizadores destacan que la iniciativa busca comunicar y educar desde el arte “la impetuosa necesidad que existe en nuestro país de cerrar este tipo de industrias”.
El recién pasado 29 de julio, la estación de monitoreo de contaminación del aire de Quintero registró una excedencia de dióxido de azufre (SO2), sobrepasando la condición de emergencia para la norma de SO2 y cuadriplicando el límite máximo horario permitido por la normativa chilena para este gas, situación que dejó en evidencia la ineficiencia […]
Agrupaciones compuestas por habitantes de la zona de sacrificio recalcaron que Jorge Martínez debe abandonar su cargo luego del dictamen emanado desde la Corte Suprema, fallo que ordenó al Gobierno concretar una serie de medidas en beneficio de los residentes. Además, lamentaron el silencio de las autoridades gubernamentales al respecto.
Responsabilidades políticas, escasa colaboración del Estado y una legislación permisiva con las industrias contaminantes, son algunas de las conclusiones que se plasman en el informe entregado por la instancia parlamentaria surgida a raíz de las intoxicaciones masivas sufridas por los habitantes de las localidades costeras.
En agosto de 2018 se registró el primer episodio de contaminación que desencadenó la catástrofe ambiental en Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Fueron meses de movilización por parte de los habitantes que exigían la paralización del cordón industrial. En la actualidad, el Ministerio Público está a cargo de la investigación que busca establecer la responsabilidad de las industrias en el caso, mientras el Gobierno aún intenta establecer cuales fueron los gases contaminantes.
La información la dio a conocer Fundación Terram a través de sus redes sociales. Desde 2008, se han vivido más de trescientos episodios similares.
El organismo fiscalizador consideró que el plan no se ajusta a derecho. En el documento presentado por el ministerio de Medio Ambiente, las emisiones consignadas en el inventario, son superiores a las que constan en el informe técnico, por lo que no es posible aplicar correctamente medidas de mitigación.
