En la audiencia de este viernes, el persecutor Xavier Armendáriz formalizó a Manuel Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual, perpetrados en septiembre. En tanto, la defensa del imputado alegó que conocieron los antecedentes este jueves.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, también entregó su testimonio de manera voluntaria ante Fiscalía. “El Ejecutivo está sumamente interesado en colaborar con la justicia”, aseveró.
La abogada querellante María Elena Santibáñez se refirió a las últimas revelaciones en el caso, especialmente a la orden del aún subsecretario Monsalve a funcionarios de la PDI para que hablaran con la denunciante.
El VII Juzgado de Garantía de Santiago decretó 40 días de secreto de la investigación a petición de la Fiscalía, pues según lo expuesto por el persecutor Armendáriz, el juez tomó conocimiento de que habría existido “una investigación en paralelo”.
La instancia judicial fue solicitada por la propia defensa de la exautoridad de Gobierno y en ella se le comunicarán los delitos por los que es investigado.
La exautoridad de Interior declaró que “tiene la convicción” de que no ha incurrido en ningún acto constitutivo de delito. Por lo mismo, destacó que demostrará su inocencia en el marco de la investigación.
El jefe de la Fiscalía Centro Norte descartó que la calidad de autoridad del acusado incida en la investigación. “(El) cargo que tenga una persona, para este fiscal, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado”, declaró.
La abogada querellante, Karinna Fernández, pidió al VII Juzgado de Garantía la aplicación de la prisión preventiva para los exgenerales Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, por los riesgos que acarrea su libertad para la investigación.
Esto debido a la absolución del ex cabo de Carabineros Sebastián Zamora por el cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, desestimando la imputación de homicidio frustrado.
El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendariz, detalló los hechos y las imputaciones respecto de los delitos de cohecho, administración desleal, estafa y fraude al fisco por los que se acusa al edil de Recoleta.
Sin éxito, el uniformado había recurrido a distintas instancias para dejar sin efecto el acto judicial del 7 de mayo. Pero, tras los sucedido en Cañete, el propio fiscal a cargo de la investigación solicitó la postergación de la diligencia procesal.
El líder del Ministerio Público aseguró que el aplazamiento “obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación”.
La diputada del PC, Lorena Pizarro, calificó como “impresentable” la decisión adoptada por el Ministerio del Interior. Mientras que, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, llamó a suspender la formalización de la máxima autoridad policial.
En la acción judicial rechazada, la defensa de la autoridad afirmaba que la Fiscalía “ha dirigido una feroz persecución penal contra la institución de Carabineros de Chile, en relación con los hechos ocurridos” en contexto del estallido social.
Los parlamentarios celebraron la decisión de la Corte Suprema de acoger a trámite su requerimiento. El general Yáñez, en tanto, evitó referirse al tema y enfatizó que solo está preocupado de los desafíos en materia de seguridad.
Parlamentarios desde el PPD a Republicanos presentaron un requerimiento ante la Corte Suprema argumentando un supuesto sesgo ideológico. Desde la Red de Politólogas, Javiera Arce advirtió que se trataría de un “atentado contra el Estado de derecho”.
Consultado respecto a la solicitud del director de Carabineros, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que este “tiene el derecho de hacer uso de los recursos judiciales que la ley y la Constitución le permite”.
