El juicio oral comenzó el 22 de mayo luego de que fuera acusado por homicidio frustrado por la fiscal Ximena Chong, tras haber empujado presuntamente a un adolescente de 16 años en el puente, quien cayó más de 7 metros hasta el lecho del río Mapocho.
La ex directora del INDH, Lorena Fries, afirmó que “lo importante es que se cometieron crímenes de lesa humanidad”. En tanto, abogados expertos en derechos fundamentales coinciden que lo ocurrido en el 2019 fueron vulneraciones generalizadas.
Desde Valparaíso y en el marco de su tercera Cuenta Pública, el Mandatario abordó el malestar ciudadano que llevó a las manifestaciones de 2019. Así, emplazó a la clase política a no “autoengañarse” respecto a los hechos de aquel contexto.
Dentro del listado se encuentran personas que tienen antecedentes penales y a quienes se le entregaría el beneficio, lo cual fue anulado por el Mandatario.
El proceso judicial ha tenido varios reveses, entre ellos, que la defensa rechazara el juicio abreviado. Además, se ha visto marcado por críticas a la fiscal Chong. Para la diputada Lorena Fries, esto último le hace un “tremendo daño” a la Fiscalía.
En el marco de una movilización en las cercanías de La Moneda, la vocera de la organización, Marta Valdés, destacó que “la justicia no puede operar de manera diferenciada, no puede ser para unos de una forma, y para otros, simplemente, impunidad”.
De todas maneras, lamentó la baja pena en contra del funcionario de la institución que disparó en el rostro a la actriz ese 18 de octubre de 2019 . A su juicio, no es proporcional a los daños sufridos por Grandjean.
La petición viene de los familiares de los cinco fallecidos del incendio de la textil en octubre del 2018, quienes piden que se generen acciones en búsqueda de justicia y reconocimiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
El 4° Tribunal Oral en lo Penal concedió a Tomás Rodríguez una remisión condicional, por lo que el uniformado no cumplirá su pena en la cárcel. Los daños psicologicos sufridos por Grandjean, aseguraron, fueron tomandos en cuenta para esta decisión.
Los parlamentarios celebraron la decisión de la Corte Suprema de acoger a trámite su requerimiento. El general Yáñez, en tanto, evitó referirse al tema y enfatizó que solo está preocupado de los desafíos en materia de seguridad.
El impacto físico y las consecuencias en la vida cotidiana de los afectados fueron evidenciados por docentes de la U. de Chile, quienes apuntan a la revisión de protocolos policiales como parte de las ineludibles medidas pendientes.
Los abogados Carlos Margotta y Luis Mariano Rendón argumentaron que las acciones judiciales fueron interpuestas, principalmente, por organizaciones de la sociedad civil. El INDH, también querellante, tampoco está sujeto a órdenes del Presidente.
