El proyecto que fue remitido a sala considera objeto de amnistía a los hechos ocurridos desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 y mandata al Ministerio Público a cerrar las investigaciones de los casos que no son objetos del beneficio.
Si bien se esperaba que el proyecto de amnistía fuese despachado este martes a la sala del Senado, la comisión de Constitución sesionó sólo hasta acotar el catálogo de delitos. Una dilación respecto a la cual se responsabiliza a los senadores del oficialismo pero particularmente al presidente de la instancia, Pedro Araya.
La indicación sustitutiva presentada por el senador Huenchumilla y declarada admisible en la Comisión de Constitución del Senado se encuentra bajo el cuestionamiento de organizaciones como las Madres de la Plaza Colón de Antofagasta. Adicionalmente, se ha señalado que el mecanismo jurídico aún necesitaría votos de la derecha para su aprobación.
Los consensos con el oficialismo respecto al proyecto de indulto están descartados en cuanto los legisladores se han mantenido firmes en condenar la violencia emanada de las protestas sociales. Por este motivo es que en la Comisión de Constitución del Senado se jugarán la última apuesta previo al fin del ciclo legislativo para reformar el proyecto de ley.
El Senado ha sido cuestionado por no tratar el proyecto de indulto a los denominados “presos de la revuelta” con sentido de urgencia. Si bien es poco probable que la iniciativa sea zanjada bajo la administración del Presidente Piñera, otro escenario se baraja con el próximo gobierno con medidas como el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado y la derogación de la ley anti-barricadas.
El abogado de la Defensoría Popular afirma además que se ha hecho uso abusivo de la prisión preventiva como una “condena anticipada”.
El emplazamiento del subsecretario de Interior provocó una serie de reacciones en parlamentarios y personeros de la centroizquierda. El candidato presidencial Gabriel Boric, aludido por Galli, exigió que “dejen de utilizar al Gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos”.
Durante este lunes miles de personas se reunieron en distintos puntos del país para conmemorar el 18 de octubre de 2019. En Santiago hubo multitudinarias manifestaciones en el centro de la capital, así como en varias comunas de la cuidad.
Al interior del ex Congreso, los y las convencionales integrantes de la mesa ampliada dedicaron unas palabras para conmemorar la apertura del debate de contenidos en la Convención Constitucional.
Durante la manifestación en el segundo aniversario del estallido social, el presidente de la ANEF sostuvo que esperan el compromiso de los convencionales constituyentes con organizaciones sociales y el mundo sindical.
En el segundo aniversario del estallido social, Amnistía Internacional Chile lanzó “Calles con memoria”, registro del momento en que las víctimas de la represión vuelven al lugar donde fueron atacadas por agentes del Estado.
A dos años del estallido social, la encargada del organismo, Patricia Muñoz, aseguró que el daño provocado a NNA en materia de derechos humanos “no sólo no ha encontrado verdad y justicia para las víctimas, sino que lo que ha encontrado es manifiesta impunidad”.
El sociólogo interpretó la movilización social más grande de las últimas décadas y, a dos años de esa fecha, criticó la disposición que ha manifestado el Gobierno en cuanto a su juicio, ha pasado de un “no lo vimos venir” a “aquí no ha pasado nada”.
El organismo manifestó su inquietud por la proliferación de los discursos de odio que se han visto en las últimas semanas e interpeló al Estado de Chile a respetar y garantizar plenamente los derechos humanos como único camino para la paz social.
En un balance a dos años del 18-O, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportó que de las más de ocho mil denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las manifestaciones sociales, menos del uno por ciento de ellas han concluido en condena.
El preámbulo del 18 de octubre fue escrito a pulso por los y las secundarias que instaron a la ciudadanía a saltar los torniquetes. Hoy con la Convención Constitucional instalada y funcionando, se avanza en el mecanismo que daría voz y voto a los mayores de 16 años para efectos de participar en los plebiscitos dirimentes.
Mientras el debate sobre este proyecto avanza en la Cámara Alta, también aparecen voces que acusan el uso de la prisión preventiva como una condena anticipada.
