“El llamado es a nuestros compañeros a no bajar los brazos”, señaló la legisladora tras conocer la sentencia del exuniformado, quien fue declarado culpable por efectuar apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.
Con emplazamientos al oficialismo, la oposición puso en tabla el proyecto de indulto a los presos del estallido de modo que la iniciativa se discutirá en el Senado a días del plebiscito.
La diputada descartó una inacción del Gobierno en el trabajo de diálogo con las comunidades mapuches y en ello apuntó hacia una falta de mediatización deliberada de parte de los medios de comunicación masivos, en esta y en otras materias.
El mandatario dio cuenta de los avances del Gobierno sobre las medidas de reparación integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estallido social e instó la recomposición de las confianzas entre el Estado y los afectados.
En consideración al tiempo que estuvieron en prisión preventiva, el cuarto Tribunal Oral en Lo Penal dejó sin efecto la pena de 61 días de presidio de los únicos cinco condenados del emblemático caso del estallido social. El resto, fue absuelto.
Organizaciones civiles como la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, ANEF y Confusam aseguraron que serán participes de le campaña por el “Apruebo” para informar a la ciudadanía y hacer frente a las mentiras contra el proceso.
Indulto conmutativo se titula el proyecto que preparó la organización con el Gobierno. Pese a una serie de diálogos en el Senado, la iniciativa no concita todos los respaldos del oficialismo y de la DC, por tanto la asamblea presionará en las calles.
Damarys Águila recibió disparos de Carabineros mientras presenciaba una manifestación en la comuna de Lo Espejo. A dos años de los hechos, el autor del ataque aún no es identificado y Carabineros todavía no ha iniciado un sumario.
El doctor en derecho consideró necesario que la CIDH remueva al actual Relator para Chile, Joel Hernández, quien descartó la existencia de presos políticos del estallido social. Esto radica en información errónea y errores conceptuales, sostuvo Nash.
Ad portas del juicio, el jurista acusó al Ejecutivo de sostener la querella criminal contra los imputados de la causa, la que radicó en una prisión preventiva anómala en cuanto transgredió la norma del Código Procesal Penal.
No hay ninguna policía en el mundo con este nivel de autonomía, señalan los expertos. Y sostienen que avanzar en esta materia debe ser el corazón de cualquier reforma a las instituciones a cargo de la seguridad pública.
A más de dos años en que los presos detenidos en el contexto de la protesta social de 2019, aún se encuentra bajo prisión preventiva y sin un juicio que dictamine su sentencia, la Comisión Chile de DDHH interpeló a los poderes del Estado.
La sentencia fue dictada esta mañana por el Tribunal tras haber declarado culpable a Bustos de lanzar el objeto portador del fuego que provocó el incendio estructural de la estación.
Esta semana la ACES depuso la toma de la sede del INDH y excluyó a su director de las conversaciones, cuando la Subsecretaría de DD.HH. respondió al petitorio entregado por secundarios que exigen reparación para las víctimas del estallido social.
La Corte de Apelaciones de Santiago aceptó el requerimiento presentado por el abogado Samuel Donoso, y ordenó al juez del 7º Juzgado de Garantía que “se abstenga de intervenir en la causa respectiva, mientras no se resuelva este incidente”.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta abordó el anuncio del Ejecutivo, en medio de cuestionamientos por no contar con los votos que permitan aprobar la iniciativa y la falta de comunicación con los senadores de la centro izquierda. “Es un error porque esa ley no beneficia a todas las personas que están involucradas”, aseguraron desde la Defensoría Popular.
En el marco de la liberación de tres reclusos de Santiago 1 -dos de los cuáles quedaron en condición de libertad vigilada intensiva- el vocero de la Agrupación Nacional de Familiares de Presos Políticos, Osvaldo Durán, abordó el que a su juicio, es el modo en que debe proceder el Gobierno para conceder justicia a quienes fueron detenidos y encarcelados en el contexto del estallido social.
