La organización presentó su informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” en el que concluyen que en los meses posteriores al 18 de octubre pasado agentes policiales “infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones”.
Solos o con familia, por error o adrede, las personas extranjeras que encontraron la muerte en octubre de 2019 tienen algo en común: sus casos aún no tienen responsables. Un seguimiento a casi un año de lo acontecido recaba en cómo ha continuado la vida para los familiares de Mariana Díaz Ricaurte, Julián Pérez y Romario Veloz.
Desde la organización llamaron al gobierno de Sebastián Piñera a iniciar de inmediato un amplio debate nacional sobre cuáles deben ser las prioridades adecuadas en Chile.
La carta fue enviada por Baltasar Garzón, ex juez y presidente de FIBGAR, y Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), junto a asociaciones de juristas internacionales.
En el marco de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abordó la situación de este derecho en el país, destacando la disposición del organismo internacional para apoyar a Chile en su garantía.
Para la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo sucedido en Chile desde octubre pasado se enmarca en una política grave y sistemática de violaciones a los derechos humanos y los hechos del viernes solo vienen a reafirmar eso. “Aquí no solo hay responsabilidad política, sino también penal en el marco de lo que son las obligaciones que tiene la autoridad en el manejo del orden público”, señaló su presidente en entrevista con nuestro medio.
El ministro del Interior y Seguridad Pública se refirió además a la situación del carabinero formalizado durante la jornada de ayer: “Está profundamente afectado”.
A raíz del caso del adolescente que fue arrojado por un uniformado al río Mapocho, desde la colectividad manifestaron su apoyo a la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, e hicieron un llamado al oficialismo a hacerse parte de los esfuerzos por impulsar una profunda restructuración de la institución de Orden y Seguridad.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile se refirió al arrojamiento de un adolescente al Río Mapocho por parte de un uniformado, indicando que tal actuación es otro ejemplo del uso desmedido de la fuerza.
“Lo que requerimos es una policía que no solamente pueda mantener el orden público, sino que lo haga sin necesariamente avanzar en el escalamiento de la violencia”, comentó Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago y experta en seguridad.
En una rueda de prensa, el ministro del Interior indicó que “sin orden público no hay democracia posible”. La declaración fue respaldada por medio de un comunicado emitido desde La Moneda.
Carmen Vivanco inició su búsqueda de justicia en 1976, cuando perdió el rastro de cinco familiares en medio de la dictadura. A raíz de ello, pasó a integrar la Vicaría de la Solidaridad, donde se desempeñó como delegada.
Este 30 de septiembre se conmemora en Chile el Día Contra el Racismo, a tres años de la muerte de la ciudadana haitiana Joana Florvil. Al respecto, la vocera de la familia conversó con nuestro medio e insistió en la falta de leyes que condenen específicamente situaciones de discriminación racial.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la abogada y parlamentaria criticó las palabras de José Manuel Vivanco (HRW), asegurando que la derecha las utiliza para rechazar un proyecto que no les gusta.
Chile es el país más largo del mundo con 4300 kilómetros de territorio de norte a sur. La diversidad geográfica es nuestra principal característica y la que pregonamos como uno de nuestros principales atractivos, pero, ¿entendemos nuestros territorios? Una eventual nueva Constitución deberá hacerse cargo de esta “loca geografía” y sus disímiles necesidades, ignoradas en la actual Carta vigente.
México conmemora este sábado un doloroso aniversario. Seis años de la desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero.
“Es indignante el descaro de este Gobierno, la misma semana que se negaron a firmar el Acuerdo de Escazú presentaron un veto a la ley pro inversión dándole certeza jurídica a los titulares de los proyectos contaminantes”, indicó la diputada.
