La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones concretó la detención del presunto autor del disparó que dejó ciega a la mujer de San Bernardo.
El comisionado mexicano Joel Hernández conversó en exclusiva con nuestro medio sobre la controversia que ha generado la decisión del secretario general de la OEA de no renovar el mandato al secretario ejecutivo de la CIDH. Una afrenta a la autonomía de la Comisión que, para Hernández, los deja “sin opciones” y en una una situación “que pareciera de no retorno”.
En esta ocasión participaron Verónica Figueroa Huencho, senadora universitaria y académica mapuche del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y José Bengoa, licenciado en filosofía.
En un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 26 por ciento de las víctimas consultadas aseguran que no recibieron ningún tipo de atención médica además de la urgencia. Sin bien la pandemia podría explicar en parte esta situación, para el director jurídico de dicha organización, Rodrigo Bustos, “el Estado debe adoptar medidas para que haya verdad, justicia y reparación”.
El suicidio que inicialmente se indicó como causa de muerte, ya fue descartado. Sin embargo, la justicia no ha dado muchos avances en el caso y sigue sin esclarecer lo sucedido el 22 de agosto de 2016.
Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular valoraron la detención del ahora ex uniformado, pero reiteraron el llamado a seguir adelante con las investigaciones de modo que se esclarezcan todas las causas. También congresistas se manifestaron conformes con el inicio del proceso judicial, pero criticaron la tardanza en llegar a este resultado.
La Brigada de Derechos Humanos de la PDI detuvo al teniente coronel Claudio Crespo, sindicado como el autor material de los disparos que provocaron la perdida de los dos ojos de Gustavo Gatíca en noviembre de 2019.
Con el proyecto que tipifica el negacionismo recién despachado de la Comisión de DDHH de la Cámara, la diputada comunista enfatizó en que homenajes como el que buscaba hacer el general director de Carabineros a Rodolfo Stange agravian tanto a las víctimas de la dictadura como a la memoria colectiva.
Son 11 comuneros que cumplen prisión preventiva en la cárcel de Lebu, otros ocho en la cárcel de Angol y siete en Temuco los que descartaron deponer sus huelgas de hambre a la espera de que sus demandas sean escuchadas. “Al igual como reciben a los camioneros en La Moneda, que nos reciban a nosotros”, exigen sus werkenes.
La autoridad ancestral mapuche resolvió deponer el ayuno que llevaba hace 107 días tras llegar a un entendimiento con el Ministerio de Justicia, en el que acordaron que éste pueda visitar su rehue por un máximo de 30 horas.
Las voceras de la autoridad ancestral mapuche llamaron a las organizaciones de DDHH a estar atentos a la situación e insistieron en que “el Gobierno nuevamente tiene la oportunidad” de evitar que el machi a 106 días de ayuno inicie una huelga seca, decisión que tomará al finalizar esta jornada.
El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que “cuando hay una colisión de derechos legítimos, quien tiene que decidirlos es un tribunal” y que el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco es razón suficiente para dar curso a una alimentación forzada en caso de ser necesario.
Una de las voceras del machi afirmó que “las instituciones garantes han logrado comprometerse en citar las partes, para darle real cumplimiento a lo acordado”.
El gobierno emitió un comunicado señalando que ha hecho “todos los esfuerzos por acercar posiciones y comprender sus demandas”.
Sabido es que el Estado chileno a lo largo de la historia ha llevado violencia hacia los Pueblo Indígenas sobre cuyos territorios se instaló. En cierto período esta violencia abarcó desde la reducción territorial hasta el exterminio[1]. Sobre Wallmapu no han cesado de descargarse violencias. Presentar estas violencias a la opinión pública como acción del […]
La doctora Leonor Olate, quien ha acompañado especial y constantemente a la autoridad ancestral mapuche en su proceso de largos 103 días de ayuno, manifestó la preocupación que hay en el entorno del machi por una eventual intervención. “La alimentación forzada en una persona que está completamente consciente es un trato inhumano y degradante”, sostuvo.
Para la experta en derechos humanos, a lo que asistimos, en ausencia de la justicia real, es a un etnocidio del pueblo Mapuche.
