Esta semana, en todo Chile, fueron tres las personas en prisión preventiva que fueron liberadas después de casi un año de su detención. Uno de ellos, el colombiano de 19 años, Anderson Rayo, cuenta sobre los 370 días que pasó recluido en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Allí mismo, Marcelo Mandujano, estudiante de ingeniería civil mecánica de 25 años, arriesga poco más de una década acusado de estar al mando de una organización anarquista que habría incendiado un local de la AFP Hábitat.
“Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as” es el lema del colectivo Frente de la Discapacidad surgido bajo el alero del partido Fuerza Común, cuyo objetivo es alcanzar un ejercicio de democracia directa en la que todos tengan voz, especialmente quienes históricamente no han sido escuchados, visibilizados ni representados.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
Los encuentros se realizarán cada martes de noviembre a las 19:00 horas de manera digital, previa inscripción.
El tribunal del estado de Nueva Gales del Sur, en Sydney, declaró procedente la extradición de la ex secretaria de Manuel Contreras, acusada de siete delitos de secuestro y desaparición calificada entre 1973 y 1977.
Reparación a quienes fueron vulnerados por agentes del Estado y posibles indultos o amnistías a quienes fueron detenidos a partir del 18 de octubre son propuestas levantadas desde la oposición durante los últimos días. Sin embargo, desde el Gobierno ya expresaron su rechazo a una Ley de Amnistía.
El Presidente de la organización, Carlos Margotta, asegura que este tipo de actos no solo atenta contra el trabajo de la Comisión, sino que es también “una ofensa a la memoria de las víctimas”.
En total, son cerca de catorce instituciones afectadas, entre ellas, Londres 38, el Parque por la Paz Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. El reajuste afectaría ítems vinculados a la seguridad, el cuidado de la infraestructura y el resguardo de colecciones.
Fueron 57 los diputados y diputadas del oficialismo los que firmaron el requerimiento de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional, acusando que la que tipifica el delito de negacionismo “es una ley fascista” y que significaría “coartar la libertad de expresión”.
A juicio del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el General Director de la policía uniformada no puede encabezar dicho proceso porque no cuenta con la confianza de la ciudadanía y además se encuentra querellado.
Aunque el Gobierno impuso el toque de queda por la pandemia, ahora que varias comunas del país ya han superado el peak de COVID-19 su aplicación genera dudas. Para muchos, su aplicación ha dejado de ser necesaria y proporcional en muchas zonas del país.
Ante la información respecto de infiltraciones policiales y los allanamientos que se han hecho en Lo Hermida durante la última jornada, uno de los integrantes de la Comisión conversó con Radio Universidad de Chile sobre lo que están viviendo. “Creemos que hay algo más atrás, una intromisión política que no solo buscaba desbaratar una organización delictual”.
“El Estado de Chile ha hecho cosas, pero éstas son dolorosamente insuficientes”, sentenció el director nacional del INDH, Sergio Micco, en la presentación de los resultados. Además, el organismo dio a conocer un mapa de las vulneraciones cometidas por agentes del Estado, el que ya está disponible en su sitio web.
La instancia de trabajo, formada a partir de las declaraciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas ciudadanas ocurridas desde octubre del año pasado, busca además ampliar al presupuesto de Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) para que incluya a quienes han sufrido mutilaciones graves.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, la jugada que pretende hacer la derecha demuestra, “una vez más”, la necesidad de cambiar la institucionalidad actual, pues, a su juicio, organismos como el Tribunal Constitucional van en contra de la voluntad popular.
En conversación con nuestro medio, la jefa regional del INDH Coquimbo, Tarcila Piña, admitió que en los denunciantes de violaciones a los DDHH existe una desconfianza generalizada con las instituciones y enfatizó en que los daños que producen estos hechos van más allá de lo superficial. “No es sólo una afectación a la integridad física, sino que también a la integridad psíquica; y no sólo a la víctima que vivió el hecho, también a su familia”, sentenció.
El seguimiento permanente, las amenazas de muerte y los sospechosos allanamientos que sufrieron en su hogar, terminaron obligando a Jonathan y Francisca a tomar la decisión de salir del país. Hoy, en vísperas del primer aniversario del estallido social, decidieron contar su historia y revelar una serie de videos, fotos y audios que han ayudado a que su agresor, el ex capitán de Carabineros Ricardo Luengo, se encuentre en prisión preventiva imputado como autor de apremios ilegítimos y torturas.
