Junto a parlamentarias de oposición, dirigentas e integrantes de agrupaciones feministas entregaron una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera en la que lo responsabilizan de la grave situación de violencia y agresión en la que se siguen encontrando las mujeres de nuestro país.
En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal ordenó a Isapre Colmena a cubrir los costos de una operación de reasignación sexual de una de sus afiliadas. Con ello, la Corte sienta un precedente que podrá ser invocado por cualquier persona que vea vulnerados sus derechos por parte de cualquier institución sea pública o privada.
Pese a que el ministro Jaime Bellolio aseguró que la libertad de expresión “tiene un límite en la dignidad del otro”, descartó que en este caso se tomen acciones para limitarla. “Cosa distinta es que alguien pretendiera, por ejemplo, producir un taco o una manifestación sin pedir ciertos permisos”, señaló el Vocero de Gobierno.
Por medio de la publicación, la abogada Catalina Fernández Carter evidenció cómo el término ha sido mal utilizado durante los días de estallido social. En esa línea, la experta señaló que para distintos sectores políticos y sociales los derechos humanos se han transformado en “un comodín” que ha desconocido el sentido real del concepto.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos afirmó que “la gestión del saliente general Director, Mario Rozas, debe ser analizada a la luz de la legislación vigente”.
La presidenta de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio afirmó que quienes promueven la venida del “Bus de la Libertad” buscan imponer su visión de mundo a través de discursos que incitan a la violencia.
Los dos adolescentes heridos a bala la tarde de este miércoles en Talcahuano, puso, nuevamente, en una compleja situación al general director de Carabineros Mario Rozas. Parlamentarios de oposición volvieron a pedir su salida, mientras el Gobierno ha evitado entregar respaldo a la institución.
En el marco del proyecto que moderniza la ley electoral, distintas agrupaciones de derechos humanos han planteado la idea de un padrón de votantes que reconozca a los detenidos desaparecidos con un estado civil específico: personas ausentes víctimas de desaparición forzada. La propuesta busca que a través de esta medida especial se inicie el proceso final para el reconocimiento general, por parte del Estado, a las víctimas.
El académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirió al asesinato del comunero Camilo Catrillanca. A dos años del hecho, el abogado sostuvo que el caso reveló la existencia de “dispositivos de impunidad” al interior de Carabineros, lo que se hizo mucho más visible luego del estallido social.
Fernando Monsalve, abogado representante de la familia del joven que fue empujado a la ribera del Río Mapocho, se refirió a la ampliación de la querella que presentó en este caso por encubrimiento y obstrucción a la justicia.
Las subsecretarias Lorena Recabarren y Katherine Martorell retomaron las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo que integran junto a representantes de la Fundación Iguales, el MOVILH, el Movimiento Unificado por la Diversidad y del Frente Trans Feminino.
Así lo anunció el abogado querellante Nelson Caucoto tras conocer el fallo de segunda instancia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rebajó las condenas a 13 militares en retiro por el homicidio calificado de 38 campesinos en 1973.
El tribunal de alzada sentenció a 13 militares por los crímenes ocurridos entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973 en el sector de Quebrada los Quillayes y la cuesta Chada.
El senador Juan Ignacio Latorre y la diputada Emilia Nuyado se reunieron con diversas organizaciones para abordar no solo el estado de salud y reclusión de los presos, sino también las posibilidades de buscar una salida política ante estos casos.
Desde 2017 a la fecha se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio, disminuyendo de más de 5 mil a sólo 432 en el primer semestre de 2020; lo mismo sucede con las solicitudes otorgadas, que pasaron de 162 a sólo 7.
• El espacio internacional mostró su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad por eventuales delitos cometidos en el contexto de las movilizaciones tras el 18 de octubre de 2019, e instó al Estado chileno a respaldar la medida propuesta argumentando que “ayudaría a cerrar heridas frente la construcción de un nuevo pacto social que traerá el proceso constituyente”.
En conversación con nuestro medio y tras conocerse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Chile por vulnerar las garantías de Urrutia, el magistrado hizo un llamado a los convencionales constituyentes a “refundar el Poder Judicial”.
