Representantes de la sociedad civil, la política y la academia reflexionaron sobre lo que ha significado el racismo en tiempos de pandemia. La instancia tuvo lugar en un conversatorio organizado por la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, la Universidad Abierta de Recoleta y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes.
El abogado y académico de la Universidad de Chile cuestionó la decisión del Ejecutivo. Señaló que el hecho de que los vehículos sean de guerra y hayan sido reconvertidos para reprimir “es muy simbólico”.
En la actualidad, algunos de los habitantes de las localidades ubicadas en la Región de Valparaíso reciben menos de 50 litros diarios por persona, que es el mínimo recomendado por la OMS.
Según indicaron a través de un comunicado público, los dichos del director del INDH sobre la naturaleza de los derechos humanos, no son aislados sino “una reiterada generación de confusiones”.
Las dos asociaciones de trabajadores y trabajadoras de la organización decidieron movilizarse en oposición al rol que ha tenido el director del INDH. “Hemos llegado a la convicción de que mientras más tiempo siga Sergio Micco en el INDH más daño le hará a este”, señaló uno de sus voceros.
Según indicó el abogado Salvador Millaleo, Sergio Micco “acusó a los consejeros, asegurando que somos nosotros los que habíamos provocado la consternación en redes sociales y no sus declaraciones”.
Nathalie Castillo denunció los hechos de violencia de Carabineros contra equipos de prensa. La situación se vivió durante las manifestaciones del 1 de Mayo. A esta crítica se suma una serie de factores que precarizan este ejercicio profesional.
Del total de usuarios que emitieron mensajes de odio contra Carolina Torres hace ya más de un año, 67 por ciento se identificaron como hombres y 21 por ciento como mujeres.
El abogado experto en Derecho Constitucional señaló que los dichos del director del INDH son preocupantes. Y afirmó que quienes sean parte del Consejo de dicha institución deben tener un compromiso “a toda prueba”.
Las nuevas Reglas del Uso de la Fuerza, RUF, limitan el margen de acción de los funcionarios del Ejército, la Armada y la FACh al momento de ser requeridos en situaciones de contingencia, dentro de un contexto de excepción constitucional.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos llamó a los gobiernos a defender el Estado de Derecho. Además, pidió asegurar que la aplicación de las medidas de emergencia no vulnere las garantías de las personas. La ex mandataria presentó una guía para la aplicación de estas medidas en le contexto de la pandemia de COVID-19.
Organizaciones sociales han iniciado por su cuenta formas de difundir información. También de entregar colaboración a quienes, producto de la emergencia sanitaria, han enfrentado dificultades para acceder a atenciones vinculadas a esta materia.
En español y creole está desarrollada esta campaña. La idea es, a través de diferentes formatos, alertar sobre los riesgos a los que están expuestos las y los migrantes en el actual contexto.
“Siempre hemos sido invisibles” dicen los vecinos de uno de los macrocampamentos de la región. Desempleo, hacinamiento, falta de agua potable y alimentos, sumado a un caso de COVID-19 ya confirmado mantiene a las familias de Los Arenales en alerta ante la pandemia. Situación que se repite en otros puntos del país.
Antes fue la intervención extranjera y luego la denominada ‘primera línea’. Ahora, con acceso a sus datos personales, el Gobierno pone el foco en los NNA del Sename como el ‘enemigo poderoso’ que tanto ha buscado. Para el académico Claudio Nash esto transparenta que “nuestros Niños, Niñas y Adolescentes están siendo tratados de la misma manera como se trata a grupos terroristas u organizaciones criminales transnacionales”.
Un grupo de haitianos afectados por el COVID-19 concentra la atención de los medios y el Gobierno. Los culpan de no querer acatar la cuarentena. “Esa cobertura no es un error, es criminal”, asegura la académica de la Universidad de Chile, Ximena Poo.
Lejos de sorprender, los dichos de la actual presidenta del TC y de la diputada Carmen Hertz no han hecho más que evidenciar irregularidades. Problemas que se vienen denunciando desde hace años y que apuntan principalmente a una persona: el ministro y ex presidente del organismo, Iván Aróstica.
