Luego de conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago de otorgarle la libertad condicional al ex subdirector de la DINA Raúl Iturriaga Neumann, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, además de lamentar esta decisión, criticó a los tribunales por entregar beneficios a criminales de lesa humanidad.
Luego que la Corte Suprema ordenara la anulación de las sentencias dictadas por dos Consejos de Guerra durante 1974 y 1975, quienes fueran condenados ahora buscan recuperar sus derechos sociales, tal como lo señaló el ex suboficial de la Fuerza Aérea, Mario González Rifo: “A muchos se nos destruyó un proyecto de vida completo”, aseguró.
La resolución subraya el derecho de las personas de personas todavía no condenadas a ejercer su sufragio. Se trata de una situación ya dictaminada con anterioridad por la justicia, a la cual el Servel no ha ejercido acción para dar cumplimiento.
En fallo dividido, el Máximo Tribunal sentenció a los coroneles (r) de la FACh Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera a 4 años de prisión efectiva por las torturas en contra del general Alberto Bachelet, que derivaron en su muerte en la Cárcel Pública.
En Chile el Gobierno, la Constitución y las leyes han propiciado un régimen de extractivismo minero. Mientras, los indígenas de Tarapacá utilizan su patrimonio arqueológico y cultural como medio para negociar y permanecer viviendo como lo hacían ancestralmente.
Este año, la matrícula de estudiantes migrantes llegó a 60.844, lo que corresponde al 1,7 por ciento del total. Chile entrega un RUT provisorio número 100 millones para quienes no poseen visa, una medida que impide el acceso a la inscripción a la PSU.
Catorce ex presos políticos de Rancagua pudieron conocer los archivos elaborados por la Comisión Valech I a partir de sus testimonios, luego que la Corte de Apelaciones fallara a favor de su desclasificación. Las víctimas de la Dictadura afirmaron que estos antecedentes evidencian la falta de consulta sobre el secreto de sus declaraciones.
En el marco de la inauguración de una exposición/homenaje a Orlando Letelier, el director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, aseguró que durante los próximos días el Gobierno de Estados Unidos entregará a la presidenta Michelle Bachelet los últimos archivos desclasificados del caso que acabó con la vida del ex ministro de Salvador Allende.
Cristián Cruz, abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte, señaló luego de conocer la decisión del ex comandante en jefe del Ejército de no viajar a Colombia como “observador” del proceso de paz entre las FARC y el gobierno, que una de las razones que, a su juicio, pesaron sobre el ex oficial fueron las declaraciones de la ONU en que señalaron que una persona con antecedentes penales no puede participar como observador de diálogos de paz.
El ex Comandante en Jefe del Ejército decidió no realizar su viaje como “observador” del proceso de paz en Colombia por las críticas que recibió de la ONU y el Ministerio del Interior.
Se trata de Jaime Ojeda Torrent quien se encuentra procesado en calidad de cómplice en este caso. En tanto, el abogado Cristián Cruz, conversó con Diario y Radio Unviersidad de Chile acerca del permiso que tiene Juan Emilio Cheyre de abandonar el país las próximas semanas para ir a Colombia, como supuesto agente de paz y aseguró que la salida de Cheyre del país representa un serio peligro de que el ex militar eluda definitivamente a la justicia.
Jean Arnault, delegado de la ONU para el proceso de paz en Colombia, desmintió que el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre sea parte de la misión de paz que supervisa los diálogos entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. “Tiene antecedentes penales y es una regla absoluta que cualquier personas civil o militar que tenga antecedentes penales no pueda llegar a ser observador”, aseguró el funcionario del organismo.
Las ciudades de Talca, Linares y Parral, concentran la mayoría de víctimas atribuidas a este enclave que fue utilizado por la dictadura cívico- militar, tanto por el Ejército como la DINA, para violar los derechos humanos de personas que fueron llevadas allá entre 1973 y 1978, tras ser secuestradas y, posteriormente, hechas desaparecer.
Por carecer “del comportamiento intachable” que exige la ley, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones decidió rechazar la entrega de la libertas condicional al ex brigadier de Ejército y ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, haciendo énfasis en su calidad de “condenado por delitos de lesa humanidad”.
Organizaciones de derechos humanos fustigaron la autorización recibida por el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre para viajar a Colombia y supervisar el proceso de paz entre las FARC y el gobierno, previo pago de un millón de pesos. La parte querellante presentó este lunes una apelación para revertir una medida que consideran “impresentable” y “vergonzosa”.
Centros de tortura como el subterráneo de la Plaza de la Constitución, así como las dependencias del Banco del Estado que fueran utilizadas por el Comando Conjunto, fueron agregados a la Ruta Patrimonial de la Memoria, a través de la cual se pretende conservar y relevar los sitios que fungieron como recintos de detención clandestinos durante la Dictadura.
El diputado Hugo Gutiérrez (PC) se refirió a la dilatación del cierre del penal Punta Peuco, calificándolo como una “extorsión a la democracia”, y negó que no existan los recursos para trasladar a los internos a otro penal, que según el parlamentario, se encuentra construido en Colina. Acusó que los gobiernos de la postdictadura han cumplido un “pacto de privilegios” con las Fuerzas Armadas para “no molestar a la familia militar” en relación a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en dictadura.
