La aplicación, desarrollada por un equipo encabezado por Macarena Espina Díaz, permite evaluar el nivel de criticidad de la vivienda para que las personas puedan vivir con mayor seguridad y confort, y reducir así la carga del cuidado.
La ministra Javiera Toro realizó un recorrido por el ex balneario popular de Santo Domingo, anexo de Tejas Verdes – hoy en manos del Ejército -, que fue centro de detención y torturas y de formación de agentes de la DINA.
La diputada descartó una inacción del Gobierno en el trabajo de diálogo con las comunidades mapuches y en ello apuntó hacia una falta de mediatización deliberada de parte de los medios de comunicación masivos, en esta y en otras materias.
El mandatario dio cuenta de los avances del Gobierno sobre las medidas de reparación integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estallido social e instó la recomposición de las confianzas entre el Estado y los afectados.
La parlamentaria había interpuesto una acción judicial en la que solicitaba una indemnización por más de $2 mil millones por daño moral, tras lo sucedido en el contexto del denominado estallido social.
El ex director del INDH se mostró partidario de reevaluar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo en la nueva constitución y cuestionó el rol del presidente Boric en la campaña electoral. “Esto le va a jugar en contra al Gobierno”, dijo.
En declaración pública, el organismo afirmó que el texto constitucional pone al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que existe “una falta de protección por múltiples causas estructurales que tienen que ver con impunidad, corrupción, pobreza y violencia extrema”.
“El actual gobierno ha heredado la crisis migratoria más grave de los últimos años y lejos de permitir que esta administración pueda ir gestionando esta crisis, están poniendo más trabas desde distintos ámbitos”, destacó la experta.
El abogado apuntó a algunos artículos de la iniciativa, en particular los que tienen que ver sobre trabajo decente. “Ahí está el meollo de por qué la derecha sí o sí tiene que rechazar esta propuesta”, indicó.
La determinación aplica sanciones de hasta 40 años de cárcel para los agentes de la DINA encargados del aparato exterior. Entre los condenados aparece el ex brigadier del Ejército Miguel Krassnof y Raúl Iturriaga Neumman.
En declaración pública denunciaron que a través de discursos de odio utilizan a la prensa para confundir a la opinión pública, “instrumentalizando una crisis de Derechos Humanos con el objetivo de ganar el próximo Plebiscito con la opción Rechazo”
