El también académico Camilo Morales indicó que la implementación del nuevo servicio muestra que “cerrar (las residencias) y reformular a medias tampoco fue la solución”. Así, afirmó que las deficiencias expresan la falta de un trabajo intersectorial.
La experta en infancia aseguró que ahora es clave zanjar aspectos como la estructura que tendrá la instancia, la manera en que se definirá la reparación para los afectados y las garantías que se les entregarán a los mismos.
Este tramo de la Itinerancia 2024 comenzó a inicios de mayo en Rucapequén y siguió del 15 al 18 del mismo mes en Estación Yumbel. El proyecto considera una serie de actividades culturales diseñadas e implementadas junto a la comunidad.
En conversación con Semáforo, el defensor de la Niñez abordó el “diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia”, advirtiendo indicadores preocupantes a nivel nacional en educación, movilidad humana e internación provisoria.
Pese a que el proyecto permitiría que más mujeres ingresen al mundo laboral, Silvia Silva alertó que no entrega garantías para el resguardo y seguridad de las infancias. Además, cuestionó que “abre las puertas al lucro en la educación inicial”.
La principal crítica es que el proyecto equipara a los jardines infantiles con cuidadores vecinales. De todas maneras, hay expectativa en torno a la indicación sustitutiva que presentará el Gobierno el próximo 6 de mayo.
Luego de la polémica charla sobre sexualidad en Arica, se puso en duda la relevancia de impartir esta materia en los colegios. No obstante, expertos y organizaciones defienden su importancia para, por ejemplo, prevenir situaciones de abuso.
La senadora Yasna Provoste (DC) aseguró que se trata de una “ley de guarderías”, que implica un importante retroceso. Asimismo, desde la AJUNJI señalaron que la iniciativa es “un peligro para la seguridad de los niños y niñas”.
“No sabemos si realmente se quiere atacar la delincuencia o a la migración”, afirmó Magaly Ávila desde la Corporación Colectivo Sin Fronteras. Mientras tanto, opinan expertos, problemas de fondo como la vivienda quedan aún sin resolver.
Este martes los ministros del Tribunal Constitucional escucharon los argumentos de al menos 30 organizaciones, quienes defendieron sus posturas frente el requerimiento contra el artículo 12 de la Ley Integral contra la violencia.
Mientras aumenta la tensión en Medio Oriente y la comunidad internacional continúa debatiendo otro eventual cese al fuego, miles de niñas y niños sufren las consecuencias de la falta de suministro de agua salubre y comida en territorio palestino.
La instancia se realizará el próximo 10 de enero a las 14:30 horas en el Auditorio Julieta Kirkwood y contará con la participación de los abogados y expertos en materia de niños, niñas y adolescentes Anuar Quesille y Marisa Graham.
Según detalla el Ministerio de Salud, este sector de la población es de espacial cuidado ante este tipo de fenómenos, dado que “demoran más tiempo en termorregular y en aclimatarse a ambientes más calurosos y húmedos”.
El defensor dio cuenta de diversas gestiones, entre ellas, visitas a territorios en conflicto, actividades de difusión y el recibimiento de más de cuatro mil requerimientos, la mayoría de ellos vinculados a vulneraciones de derechos de NNA.
Respecto a las voces que le piden al Gobierno que implemente un estado de excepción en la RM, el parlamentario advirtió que cuando “la excepción se hace costumbre” se pierde su espíritu inicial que es para situaciones de catástrofe y de emergencia.
Los hechos ocurrieron en la Región de Valparaíso y las víctimas son en su mayoría niñas y adolescentes. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “la situación es gravísima y se requieren de muchas otras medidas”.
El representante de la organización en Chile enfatizó en que la única solución posible al conflicto es política. Además, detalló que hasta el momento, la guerra ha cobrado la vida de cerca de cinco mil niños y niñas.
