El fiscal regional de O’Higgins ya fue notificado de la investigación administrativa, instruida por Alberto Ayala, por las denuncias realizadas por el persecutor Sergio Moya y que dicen relación con presuntas obstrucciones a la justicia, violación del secreto y tráfico de influencias. Arias no fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla el sumario administrativo.
Los dirigentes han denunciado ante la OIT y a la OCDE las decisiones emanadas desde la Dirección del Trabajo (DT), entidad que, a través de una serie de disposiciones, les ha impedido poner fin a la movilización ocurrida en abril de 2018, al no reconocer legalmente la aprobación de la última oferta entregada por los ejecutivos de la compañía.
El lonko mapuche recibió, este lunes, el prestigioso Premio Ambiental Goldman, galardón otorgado por organizar a comunidades de la Araucanía e impedir la construcción de dos proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, Curamil no viajó a Estados Unidos a recibir su galardón, ya que permanece en la cárcel desde agosto de 2018.
La sentencia condena a Manuel Muñoz Gamboa a 5 años y un día de presidio efectivo y a Francisco Illanes Miranda, José Contreras Valenzuela, Wiston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín, Alejandro Sáez Mardones y José Alvarado Alvarado a 3 años y un día de libertad vigilada por los secuestros agravados de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar.
El Lonko, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Temuco, es reconocido a nivel mundial como el activista ambiental más importante de Centro y Sud América, a través del Premio Ambiental Goldman.
Luego de la audiencia de formalización del ministro de la Corte de Rancagua, el vocero del máximo tribunal expresó que la Corte Suprema considera que los hechos son lamentables y graves, pero que están a la espera del la sentencia y de la resolución de la investigación administrativa antes de emitir una declaración formal.
El tribunal internacional había ordenado a Chile anular las sentencias por violar el principio de legalidad, el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación; y el derecho a la igual protección de la ley en beneficio de las víctimas.
El fiscal a cargo del caso, Sergio Moya imputó al cuestionado magistrado de la Corte de Apelaciones de la región, prevaricación y enriquecimiento ilícito y desestimó la petición de medidas cautelares.
En los próximos días, la Corte Suprema revisará el mecanismo para revocar la sentencia que condenó a comuneros mapuches bajo esa normativa. Pese a las recomendaciones y dictámenes de organismos internacionales, el Gobierno insistirá en reformar la ley utilizada principalmente contra comunidades mapuche.
Así lo confirmó Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien consideró a Campos -quien tiene como antecedente haber investigado el fraude en Carabineros- como “un fiscal con bastante experiencia en materia de investigación en temas de corrupción”.
El abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile criticó el anuncio del Gobierno de que estudiará realizar modificaciones al sistema actual de designación, evaluación y control de jueces y fiscales. “Cuando usted necesita un acuerdo de todos, ese alguien a quien le conviene como funciona el status quo, se niega”, señaló Atria.
El fiscal Sergio Moya dijo que su superior jerárquico estaría involucrado en tráfico de influencias, obstrucción a la investigación, ocultamiento y violación de secreto. “No es una situación fácil, pero es inaceptable que esto ocurra”, señaló. El próximo martes se realizará un Consejo Extraordinario de Fiscales que determinará quién investigará las acusaciones.
La resolución de Abbott agrupa la investigación por prevaricación y enriquecimiento ilícito, que se sigue en la Fiscalía Regional de O’Higgins contra los ministros de la Corte de Rancagua, con la indagatoria por nombramiento ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencia, también en dicha corte.
Así lo confirmó la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, quien se entrevistó con el Fiscal Regional, Emiliano Arias, para discutir sobre la investigación penal que afecta a ministros de la Corte de Apelaciones.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la empresa periodística Copesa S.A rectificar y pedir disculpas públicas por una noticia falsa publicada durante la dictadura cívico militar, en específico, durante el año 1973.
Sin justificación alguna, las otroras autoridades de Carabineros no se presentaron a la instancia parlamentaria que investiga responsabilidades en el asesinato del comunero mapuche. El presidente de la Comisión, diputado PPD Ricardo Celis, calificó el hecho como una obstrucción a la indagación.
La agrupación Hijos y Madres del Silencio llegó hasta el frontis de la Corte Suprema para denunciar que el titular de Justicia, Hernán Larraín, no ha cumplido lo prometido en la Comisión de Familia de la Cámara, en donde indicó que otorgarían recursos del Estado a la investigación que lidera el ministro Mario Carroza por adopciones ilegales y sustracción de menores.
