Acción judicial apunta a ex generales Christian Franzani y Mauro Victoriano, por encubridores del crimen contra el comunero mapuche Camilo Catrillanca. Hasta ahora las querellas suman a ocho ex carabineros.
Opiniones contrarías generó el nuevo proyecto del Ejecutivo que modifica el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La propuesta ingresó este martes al Congreso y ya crea polémica previo a la votación a la idea de legislar.
El abogado, político y ex rector de la casa de estudios fue homenajeado con una serie de actividades por su contribución a la Educación Pública, los principios de legalidad y como uno de los padres fundadores de la Contraloría General de la República.
El 2016 su ex pareja le quitó a su hija: luego de sus días de cuidado personal, la niña no volvió y desapareció por un año. En paralelo, el padre de la menor de edad se querelló por diversos delitos, todos falsos, continuando con la violencia que había ejercido contra ella, ahora a través del sistema judicial.
La condena se dictó por el delito de secuestro agravado, pues en 2017 fue detenido por el plagio de la ciudadana francoamericana Nancy Michelle Kendall, a quien le cortaron un dedo para demostrar la veracidad del hecho y cobrar, así, la recompensa.
Moya está siendo sujeto de un sumario administrativo luego que en su domicilio fueran encontrados diversos elementos probatorios relacionados con la investigación por tráfico de influencias, y otros delitos relacionados con corrupción, contra tres ministros de la Corte de Rancagua.
La acción artística pretendió alertar a la opinión pública sobre el conflicto laboral que mantienen más de un centenar de profesionales con la institución educacional. Conflicto que, hasta el momento, se ha resuelto satisfactoriamente para cuatro personas por parte de los juzgados de Letras del Trabajo.
A raíz de recientes expulsiones administrativas decretadas contra familias con hijos chilenos, académicos y juristas versados en la materia calificaron de irresponsable la forma en que el Ejecutivo está aplicando las medidas contra personas que intentan regularizan su situación.
La abogada, Doctora en Ciencia Política y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile abordó, en nuestro programa Radioanálisis, temas de género y Derechos Humanos.
Así lo comunicaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a raíz de un recurso de amparo presentado hace algunas semanas donde se intenta dejar sin efecto las eventuales expulsiones que podrían afectar a familias extranjeras y sus hijos.
La medida se sostendrá hasta que se pueda esclarecer la implicancia de cinco ministros de la Corte Suprema quienes, en abril pasado, resolvieron expulsar a los tres jueces de Rancagua sin esperar el resultado del sumario.
El suspendido fiscal de O’Higgins declaró por cerca de cuatro horas frente al persecutor Alberto Ayala, quien sigue el sumario administrativo en su contra.
“Según el testimonio de la madre del menor, los hechos habrían ocurrido en el Colegio San Ignacio de Alonso Ovalle, cuando el sacerdote era rector de dicha institución”, se lee en el comunicado emanado desde la misma Compañía de Jesús.
Desarrollado por la Defensoría Penal Pública, este proyecto visibiliza casos de personas que injustamente han estado en prisión preventiva siendo inocentes. A través de sus testimonios, y una serie de recomendaciones y diagnósticos respecto de los procesos investigativos, la idea es poder mejorar y optimizar este tipo de medida cautelar, evitando así que inocentes estén en la cárcel.
Para el 25 de junio quedó fijada la audiencia contra el líder mapuche acusado por la Fiscalía de participar en un asalto a la caja de compensación “Los Héroes” en abril de 2018. Desde agosto de ese año, los comuneros permanecen privados de libertad, sin ningún tipo de beneficio carcelario.
La no firma del Tratado de Escazú, del Pacto Global para la Migración Segura de la ONU, eliminar la posibilidad de legislar sobre matrimonio igualitario, “Control de Identidad a menores” y “Calle segura”, y seguir aplicando la Ley Antiterrorista en contra el pueblo mapuche, son algunas de las críticas que hacen desde el organismo a las acciones impulsadas por el Ejecutivo.
Sanciones podrían alcanzar hasta 20 años de cárcel. La diputada PPD, Andrea Parra, llamó al Gobierno a revisar prioridades en materia de seguridad ciudadana.
