Su “rechazo a cualquier límite al derecho de informar y ser informado” manifestaron desde el Ministerio Público, esto en relación con la polémica norma aprobada por el Senado que penaliza las filtraciones de antecedentes de causas judiciales en curso.
Asistencia internacional para acceder a nuevos antecedentes en el marco del caso SQM solicitó la Fiscalía para indagar pagos de la empresa a diversas personas vinculadas a partidos políticos. Entre los investigados hay cercanos a las campañas presidenciales de Eduardo Frei, Sebastián Piñera y la Presidenta Michelle Bachelet.
Esto, luego de que fueran formalizados once comuneros, quienes quedaron en prisión preventiva. Familiares y abogados aseguran que ante las presiones, la policía se vio obligada a presentar pruebas de baja calidad y declaraciones de testigos que se han retractado.
La medida cautelar pesa contra los once imputados por presuntas responsabilidades en la muerte del matrimonio Luchsinger- Mackay, en la región de la Araucanía. La medida respondió a una querella criminal interpuesta por el Gobierno.
En fallo unánime la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas que afectan a los oficiales en retiro Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, a cuatro años de presidio efectivo, luego que el ministro Mario Carroza los condenara a dos años de presidio y 3 años y un día, respectivamente.
La sentencia compensa así a quienes fueran los propietarios originales de los cuestionados terrenos de Machalí, cuya venta dio origen a las primeras investigaciones que involucraron a los socios de la empresa Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero. El síndico de quiebras también deberá pagar 415 millones al operador político de la UDI Juan Díaz.
Así lo plantean desde el Colegio de Periodistas y la Asociación Nacional de Fiscales, a propósito de la polémica norma que sanciona con cárcel a quienes filtren información de investigaciones judiciales. Ante la molestia de diversas organizaciones, la Cámara de Diputados se abre a modificar el texto.
Así lo determinó el juez Danilo Aravena del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, al acoger la petición de la defensa sobre la prescripción de los delitos tributarios por los que había sido formalizado el ex senador. Fiscalía anticipó que apelarán a la decisión del tribunal.
En el marco del Caso de Colusión del PapelTissue, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el acceso de la Fiscalía Metropolitana Sur a los datos reservados de la indagación. Ante esto, el diputado DC Gabriel Silber afirmó que se esfuma la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables de este caso.
A través de una declaración pública, el propio ex ministro y ex senador confirmó y criticó el procedimiento judicial al que será sometido. “Esta es la demostración más palpable de que se trata de una extrema injusticia y falta de objetividad a la que por Ley está obligado el Ministerio Público”.
Uno de los precandidatos presidenciales de Renovación Nacional se refirió de esta manera a las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott en las que aseguró que en el Ministerio Público “queremos acotar y darles pronto término a las investigaciones” sobre financiamiento irregular de campañas. Además, emplazó al SII a presentar las querellas correspondientes a personeros de la Nueva Mayoría involucrados en este tipo de casos.
Distintas reacciones ha generado la aprobación de la normativa que fija la penalidad contra los responsables de agresiones a Carabineros y que no exige la comprobación de las lesiones con señales corporales visibles. Organizaciones de estudiante y abogados cuestionan que “se van a gnerar una multiplicidad de arbitrariedades”.
La medida fue ingresada por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara Alta, en el marco de la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia. Persecutores arriesgan hasta 541 días de presidio.
Sergio Moya afirmó que estaba al tanto de los antecedentes aportados por Mauricio Valero y que desmienten lo declarado por la nuera de Michelle Bachelet. La defensa de ésta hizo entrega de dos vales vista ante la fiscalía de Rancagua.
Abogado Cristián Garafulic dejó a disposición del fiscal del caso Caval, Sergio Moya, dos vales vistas correspondientes a la venta de una de las propiedades que se dieron como pago por la venta de los terrenos de Machalí. Según el jurista, Mauricio Valero sí estaba al tanto de estos documentos.
A propósito de las investigaciones por boletas ideológicamente falsas y las advertencias de la Fiscalía, el Director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, afirmó que algunos casos de delitos tributarios podrían terminar sólo en sanciones pecuniarias, y adelantó que el organismo no va a presentar querellas en todos los casos sobre financiamiento irregular de la política.
La fundación Ciudadano Inteligente ingresó una querella en contra del ex senador de la UDI luego de las revelaciones sobre la legislación del proyecto de ley de Royalty Minero, en la cual tuvo participación decisiva el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, a través del ex ministro de Economía de Sebastián Piñera.
