La acción que fue presentada ante la Fiscalía de Alta Complejidad de Ñuñoa busca determinar la influencia de los laboratorios internacionales en el ejercicio parlamentario del PPD. Girardi amenazó con querellarse por injurias, en caso que no se pueda comprobar el hecho.
La comisión investigadora de la Cámara prepara sus conclusiones en medio de críticas a la nula colaboración prestada por el hijo de la Presidenta, acusación que se suma a las del abogado querellante Mario Zumelzu quien sostiene que existe protección a la familia de la Mandataria.
Este lunes se desarrollaron los alegatos por el recurso de nulidad presentado por la Fundación Ciudadano Inteligente a la condena del ex parlamentario de la UDI Jovino Novoa por el Caso Penta. La Fiscalía justifica el acuerdo con el ex líder gremialista “basado en el principio de objetividad”, mientras los querellantes piden que se respete la “igualdad ante la ley”.
En una resolución informada el pasado jueves 31 de diciembre y sin mayor publicidad, el partido determinó que la condena que recibió su ex presidente no es motivo de reproches.
La indagación se origina en el proceso que culminó con una multa en contra de la empresa del grupo Luksic en China. La firma nacional fue investigada junto a otras compañías del rubro, pertenecientes a diversas partes del orbe.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Mario Zumelzu profundizó en la investigación que lleva adelante el fiscal de O´Higgins, Luis Toledo.
La empresa Caval será formalizada por delito de soborno, acción judicial que indirectamente estaría dirigida en contra de Natalia Compagnon, al ser una de las propietarias de la sociedad, pese a que el representante legal es su socio, Mauricio Valero, sobre quien sí recae una acción personal.
Se trata de diez ejecutivos de las farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde, cuyas imputaciones por adulterar precios de manera fraudulenta fueron desestimadas por el tribunal. Desde la Fiscalía habían solicitado anular la sentencia, por considerar que la decisión se justifica en una errónea aplicación de la norma.
Enero será un mes crucial para el fútbol chileno, cuando se defina la nueva directiva de la Asociación Nacional de Futbol Profesional y la continuidad de Jorge Sampaoli. Todo esto en medio de las investigaciones judiciales en contra del organismo que podría provocar, incluso, la suspensión indefinida de la actividad.
Mientras el Ministro de Defensa se comprometió a agilizar los procesos investigativos, los parlamentarios hicieron un llamado a la colaboración, para que la secretaría de gobierno y la propia institución, no demoren más la entrega de documentos.
Junto con reconocer que su nombramiento como director sociocultural de La Moneda generó molestia en el denominado grupo G90, liderado por el ex ministro del Interior, explicó que formatear su computador tenía el objetivo de borrar su perfil de usuario y contraseña para no quedar expuesto a ser manipulado, “pues tenía el temor fundado de que así podía ocurrir”.
Según el escrito presentado por su defensa, la pérdida de inmunidad representa una medida injusta, además de estimar que la acción legal en su contra debe ser presentada por el propio estudiante.
Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, uno de los querellantes en el caso SQM, criticó la designación del Fiscal Jefe de Valparaíso para la investigación de este proceso: “No tiene experiencia en delitos de cohecho”, afirmó
Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah accedieron al beneficio, luego de aceptar los delitos que se les imputan y someterse a un juicio abreviado, correspondiendo a la primera condena por lavado de dinero derivado de la Ley de Mercado de Valores y de la Ley General de Bancos.
Por unanimidad, el magistrado reemplazará a Sergio Muñoz, destacando por haber sido el primero en condenar a un general, como fue el caso del ex director de la CNI Hugo Salas Wenzel, en el marco de la operación Albania. “La democracia no funciona si la Justicia es intervenida por los otros órganos. La intervención hacia los jueces es inaceptable”, advirtió Dolmestch luego de su elección.
Por 22 votos a favor y tres en contra, el Tribunal de Alzada determinó rechazar la apelación presentada por el diputado de la UDI Gustavo Hasbún para no ser desaforado frente a las acusaciones de injurias realizadas por la familia del estudiante Rodrigo Avilés, quien el pasado 21 de mayo quedara con heridas graves luego de ser alcanzado por el chorro del carro lanza aguas de Carabineros.
Son 130 millones de pesos los que deberá pagar el Fisco a la madre y hermana del joven mapuche que fuera asesinado por Carabineros durante una manifestación en un fundo de la comuna de Vilcún. “El tema de la forma de indemnizarnos nunca nos va a dejar conforme, porque ese tipo de condenas al Estado no sienta precedente alguno para que las cosas no vuelvan a ocurrir”, cuestionaron desde la familia.
