Si bien analistas y legisladores no dudan de la legitmidad “jurídica” del Parlamento, consideran que la nueva Constitución y el mecanismo para alcanzarla es muy importante como para dejarla en manos de una institución cuestionada por la relación entre dinero y política.
El movimiento de mayor intensidad se registró a las 4:31 horas y alcanzó una magnitud de 6,8 grados Richter.
Nuevamente el manejo del gobierno sobre el tema mapuche es una de las áreas peor evaluada en las encuestas. La noticia no sorprende, ya que constituye una tendencia que se viene expresando en ésta y otras encuestas del último tiempo.
Así lo decidieron las bases de los funcionarios durante esta tarde, determinación que fue comunicada por Nelly Díaz, dirigente de los trabajadores a la ministra de Justicia. “Hoy vinimos a firmar el acuerdo para poner fin al paro”, señaló la presidenta de los funcionarios.
Las denuncias responsabilizan al director nacional del servicio, Luis Acevedo. Paralelamente, se desarrolló la décima reunión entre la dirigenta Nelly Díaz y la ministra de Justicia, Javiera Blanco. A la salida, la líder de los funcionarios anunció que recibió una propuesta, la que votarán a nivel nacional.
En la versión 2015 de la Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales, el 68,9 por ciento de quienes creen que se debe hacer una nueva Constitución se inclinaron por el mecanismo de la asamblea constituyente. Mientras que la aprobación de la presidenta Bachelet alcanzó un 28,9 por ciento, 14 puntos menos que en la medición del año pasado.
Después de sostener la novena reunión en busca de terminar con el conflicto sin resultados positivos, los funcionarios del Registro Civil señalaron que ya no esperan nada del Gobierno y que sólo aguardan a que “algún día lleguemos a algún acuerdo”.
Con llamados a la reflexión y responsabilidad parlamentarios de la Nueva Mayoría emplazaron a los diputados y senadores de la DC a reconsiderar el rechazo a la glosa presupuestaria de gratuidad que harán efectivo de no haber cambios en la iniciativa.
En el marco del llamado caso Karadima, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, prestó declaración por más de dos horas y media ante el juez Juan Manuel Muñoz, que indaga el comportamiento de la Iglesia frente a las denuncias realizadas por las víctimas del párroco de El Bosque.
La Fiscalía Económica posee correos que acreditan la colusión entre la CMPC y la SCA. Mientras, la Sofofa golpeó la mesa y suspendió la participación de la papelera en la sociedad de empresarios.
“Tenemos que establecer sanciones muy graves, penales, en contra de aquellos que participan en colusión”, afirmó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, ante la comisión de Constitución.
La idea surge entre los trabajadores del servicio, luego de la fallida nueva reunión de este jueves, entre la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y la presidenta de los funcionarios del servicio, Nelly Díaz. El paro continúa en su día 38, con el tema económico como el principal obstáculo.
Desde la multisindical acusan que el comportamiento del Ministerio de Hacienda en el paro del Registro Civil o el cuestionamiento a la negociación en el Banco Estado, daría cuenta del ánimo de generar un “ambiente adverso” hacia la Reforma Laboral y así propiciar la modificación del proyecto.
La titular de Justicia hizo un llamado a los trabajadores a deponer la paralización, advirtiéndoles que “mes que no se trabaja, no se paga”. Nelly Díaz, en tanto, junto con calificar la última reunión de este miércoles como un retroceso, concurrió a la OIT a presentar una denuncia contra el Estado.
Temas como las colusiones y las desigualdades sociales, las que relaciona directamente con la elite económica y política, inquietan al sacerdote jesuita Luis Roblero, quien hace más de dos años convive cotidianamente con la realidad penitenciaria, tanto dentro como fuera de sus altos muros, como los califica.
Según el organismo, entre 2002 y 2012 la población pobre de Latinoamérica se redujo de 225 a 164 millones.
Mientras que parlamentarios de todas las tendencias se mostraron a favor de endurecer las sanciones penales y económicas para los casos de colusión, como el CMPC y SCA, el Fisco comunicó que evaluará posibles pérdidas por compras por 41 millones de dólares en papel higiénico desde 2007.
